Las organizaciones humanitarias alertaron de consecuencias "catastróficas" para los civiles, si se bloquea su acceso, en un recurso que pide al máximo tribunal de Israel que suspenda de manera urgente la orden de cese de actividades, prevista para entrar en vigor el 1 de marzo, mientras se lleva a cabo un examen judicial completo.
RFI entrevistó a Anne-Claire Yaeesh, directora del capítulo Palestina de la ONG Handicap International, quien explicó que la organización recibió la orden de expulsión el 30 de diciembre. “Se nos indicaba que nuestro registro anterior sería revocado a partir del 31 de diciembre y que, por tanto, teníamos 60 días para abandonar Cisjordania y Gaza. Así que es una de las etapas adicionales que restringe, una vez más, la ayuda humanitaria”.
Yaeesh indicó que hay dos elementos principales que cuestionan las organizaciones “el primero es la exigencia que se nos hace de compartir las listas de del staff palestino, cuando esto va en contra de los principios humanitarios y plantea riesgos enormes; además, tenemos restricciones sobre la protección de datos. El segundo aspecto es la cuestión de la legitimidad del gobierno israelí para pedirnos que cesemos nuestras operaciones en Cisjordania y Gaza, que siguen bajo autoridad palestina según los acuerdos de Oslo. Se trata de todo este conjunto de desafíos. Estamos en un último esfuerzo, a través de este recurso, para impedir esta catástrofe anunciada, y esperamos ser escuchados y que el derecho internacional y el derecho humanitario sean finalmente respetados, al menos en este aspecto”, agregó.
En diciembre, las autoridades israelíes informaron a 37 organizaciones – entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y CARE – que su licencia para operar estaba por expirar y que solo sería renovada si proporcionaban una lista con los nombres de sus empleados palestinos.
En aquel momento, la ONU instó a Israel a revertir esta decisión que afectaba a organizaciones "indispensables" para el envío de ayuda a la Franja de Gaza, devastada por dos años de guerra entre Israel y Hamás.
Los firmantes del recurso indicaron en un comunicado difundido el martes que entregar listas con los nombres de empleados locales podría exponerlos a posibles represalias. Para justificar su decisión, el gobierno israelí había afirmado que dos empleados de MSF tenían vínculos con el movimiento islamista Hamás y con su aliado, Yihad Islámica, algo que la ONG negó firmemente.
La portavoz de Handicap Internacional señala que la respuesta al recurso pude durar varios meses, pero que esperan una respuesta a la medida cautelar. “Si obtenemos esta orden judicial, significa que la decisión de revocar nuestro registro queda suspendida hasta el final del proceso, hasta el fallo final sobre el recurso judicial. Por el contrario, si no se obtiene esta medida cautelar, efectivamente se nos ordena abandonar el país de aquí a finales de mes, es decir, en menos de una semana”, explicó.
Las organizaciones firmantes señalaron que, junto con las agencias de la ONU y organizaciones palestinas, garantizan o apoyan colectivamente más de la mitad de la ayuda alimentaria en Gaza, el 60% de las actividades de los hospitales de campaña y la totalidad de la atención para los niños que sufren "desnutrición aguda severa".
Según advierten, suspender la labor de las ONG tendría consecuencias humanitarias "inmediatas e irreversibles".
El trabajo de las ONG´s
Yaeesh recuerda que en el caso de Handicap International, está en Palestina desde 1996. “Según las últimas estimaciones que hemos hecho sobre nuestro número de beneficiarios desde octubre de 2023, estimamos en algo más de 1.300.000 el número de personas asistidas. Esto incluye, obviamente, sesiones de fisioterapia, terapia ocupacional, asistencia con prótesis y también incluye todo el trabajo que hacemos en torno al desminado, especialmente con todos los explosivos que cayeron en Gaza y que aún no han estallado, los cuales siguen siendo extremadamente peligrosos. Se ha realizado toda una labor de señalización y de educación sobre los riesgos en estos últimos años”, aseguró.
La trabajadora humanitaria teme que dicho trabajo dejará de hacerse si les impiden trabajar de forma completa y definitiva. “Hay que tener en cuenta que, de todos modos, el acceso y la capacidad para dar una respuesta humanitaria en Gaza siempre han sido extremadamente complejos. Todo nuestro material tiene prohibida la entrada en Gaza desde agosto de 2025. Así que ahora estamos realmente en un paso adicional: ya no tendremos ningún experto técnico que pueda ir a Gaza en absoluto. Esto significa que todos los especialistas en desminado, rehabilitación, reeducación y prótesis no pueden entrar en Gaza. Y este es un trabajo que no puede dejar de hacerse, dada la magnitud de las necesidades humanitarias en Palestina”, insistió.
RFI con AFP
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