Desde el 30 de julio, la Fiscalía del área de Ceuta ha contabilizado 13 denuncias de agresión sexual, de las cuales 3 involucran a menores. La mayoría de estas víctimas son extranjeras que no residen legalmente en Ceuta.
El Sindicato Unificado de Policía eleva la cifra a 15 con una sobrerrepresentación de migrantes entre las víctimas. Mientras tanto, la ministra española de Sanidad, Mónica García, ha confirmado en una rueda de prensa el 16 de agosto que cinco mujeres han recibido atención médica por presuntas agresiones sexuales.
Para Ramsés Mohammed, educador social y miembro de la asociación ELIN, "la situación de calle" expone a las mujeres y niñas a "precariedad, pero también a violencia en sus distintas formas".
Este activista de ELIN denuncia "una crisis humanitaria que se ha visto agravada por la ausencia de una respuesta gubernamental coordinada entre el gobierno local de Ceuta y el gobierno de la nación".
"Ahora mismo, la necesidad más urgente de todas estas personas es la de poder acceder a un recurso donde se encuentren protegidas. Mientras no haya espacios diferenciados para albergar a todas estas personas, va a ser muy complicado protegerlas, por muchos centros de crisis, por muchos recursos que se intenten poner y acompañamientos que se traten de hacer desde las entidades".
Ramsés lamenta que no se haya visto "ningún tipo de esfuerzo por generar espacios y por reubicar a estas personas para sacarlas de la situación de calle y la exposición de violencias". En concreto, el PP nacional ha rechazado esta mañana el plan del gobierno para ayudar a 500 niñas migrantes y trasladarlas a la península. Según Ramsés, esto es una prueba de "la irresponsabilidad política" que responde a intereses electorales de cara a las elecciones de 2027.
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