El Gobierno de Javier Milei ha cedido para evitar una derrota en el Senado tras el rechazo social al proyecto que suprimía todo límite a la compra de tierras por parte de extranjeros. Tras las críticas, el Ejecutivo ha rebajado su propuesta inicial y plantea elevar el máximo de tierras en manos extranjeras del 15 % al 25 %. Sus detractores advierten de una pérdida de soberanía, como explica Andrés Napoli, director de la Federación de Recursos Naturales.
"La acumulación de tierras no es una buena política para el país. Sobre todo en lugares como Argentina, un país que se caracteriza por los recursos naturales. Entonces, el acceso a los recursos naturales es central para poder desarrollar políticas públicas que hagan el bien común", afirma Andrés Napoli.
La nueva propuesta aumentaría el límite presente
Napoli explica que Argentina cuenta con la ley 26737, que impide la venta indiscriminada de tierras a extranjeros y que impide la compra de más del 15 % del territorio nacional de las tierras. Esto incluye todos los niveles: provincial, departamental o municipal.
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"Esta nueva ley va a permitir que se pueda llegar al 25 %, pero ya eliminando los topes a nivel provincial o a nivel municipal. Es decir, se habla del conjunto del país. Con lo cual, una de cada cuatro hectáreas de la Argentina se podría vender a extranjeros sin ningún tipo de restricción", declara Napoli. Este añade que el punto central es que deroga las restricciones del artículo 29, que impiden que una persona compre "más de 1000 hectáreas en zona núcleo de la Argentina ni tierras que estén vinculadas a cursos de agua o en zonas de fronteras"
Atraer inversión extranjera
El ejecutivo sostiene que la normativa vigente, aprobada en 2011, desincentiva la llegada de capital extranjero. La nueva versión del proyecto mantiene restricciones para que los estados extranjeros no puedan adquirir tierras rurales estratégicas, como explica la diputada Sabrina Agmeshet.
"Es un 25 % provincial en el que obviamente participan tanto la provincia como también hay un control nacional que de ninguna forma tiene que ver con la posibilidad de que otro estado compre tierras en Argentina. Estamos hablando de personas extranjeras que hacen negocios que van a pagar impuestos por la compra", argumenta Agmeshet.
Lo que está en juego no es solo una ley sobre la propiedad de la tierra, sino dos modelos enfrentados sobre cómo atraer inversiones sin renunciar al control de los recursos naturales argentinos.
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