Matthias Raynal, corresponsal en Casablanca.
El Tribunal Supremo de España dictaminó el 8 de julio de este año que las autoridades ya no podrían realizar devoluciones en caliente a migrantes interceptados en alta mar que entraran a nado a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Según un alto funcionario de Rabat, esta medida “debilitaba un elemento crucial de la cooperación migratoria” y, por tanto, facilitó la entrada de los más de 70.000 migrantes a Ceuta.
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Este alto funcionario, que optó por hablar con un grupo selecto de medios de comunicación bajo condición de anonimato, declaró que las autoridades marroquíes advirtieron a Madrid entre el 22 y el 23 de julio sobre el riesgo que suponía esta sentencia del Tribunal Supremo español.
"Nos advirtieron que esta sentencia nos crearía un problema, y así fue", relató el alto funcionario. Madrid y Rabat señalan la difusión de una interpretación distorsionada de esta decisión judicial como uno de los principales detonantes de esta crisis migratoria sin precedentes.
El Servicio de Inteligencia de España avisó de los riesgos migratorios
Varios medios de comunicación españoles también publicaron que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) comunicó repetidas veces al ministerio del Interior que se avecinaba una entrada masiva desde Marruecos.
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El ministerio del Interior negó estas acusaciones, defendiendo la postura del ministro Fernando Grande-Marlaska: “No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir”.
Si bien algunos expertos llevan varios días señalando la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes en el punto álgido de la crisis, este alto funcionario sostiene que no hubo ningún fallo en el aparato de seguridad. Según él, era sencillamente inconcebible enfrentarse a tal cantidad de personas.
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