El Ministerio de Salud libanés informó de la muerte de al menos 14 personas el domingo 26 de abril como consecuencia de bombardeos israelíes en el sur del país. En paralelo, un soldado israelí murió y otros cuatro resultaron gravemente heridos en ataques atribuidos a Hezbolá dentro de la denominada "zona amarilla", un perímetro establecido por Israel en territorio libanés.
Desde su inicio, la tregua se caracterizó por su fragilidad. El acuerdo permitía a Israel continuar con operaciones dirigidas contra posiciones de Hezbolá para prevenir ataques considerados inminentes, una cláusula que el grupo respaldado por Irán rechaza abiertamente. En la práctica, esta ambigüedad ha permitido que los enfrentamientos se mantengan activos, especialmente en el sur del país.
En este contexto, el número dos de Hezbolá, Naim Qasem, reiteró este lunes su oposición a cualquier negociación directa entre Líbano e Israel, calificándola de "grave error" que podría sumir al país en una espiral de inestabilidad. El dirigente aseguró que su organización no reconoce tales contactos y advirtió a las autoridades libanesas sobre sus posibles consecuencias. Asimismo, reafirmó la continuidad de lo que denominó la "resistencia defensiva", subrayando que el grupo no cederá ante presiones externas.
Mientras tanto, la situación sobre el terreno se ha deteriorado notablemente en los últimos días. La intensificación de los ataques aéreos y de artillería por parte de Israel ha afectado a decenas de localidades tanto al sur como al norte del río Litani. El balance de víctimas ha superado los 2.500 muertos y más de 7.700 heridos desde el inicio de la escalada. Por su parte, Hezbolá ha reivindicado el lanzamiento de cohetes y drones contra posiciones del ejército israelí, que mantiene presencia en parte del territorio libanés.
El recrudecimiento de los combates ha provocado además nuevos desplazamientos de población. Miles de personas huyeron tras órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí en varias localidades del distrito de Nabatiyé. Estas poblaciones ya acogían a familias desplazadas de zonas más al sur, lo que desencadenó un éxodo masivo y escenas de congestión en las principales vías hacia el norte.
Actualmente, más de una quinta parte de la población libanesa se encuentra desplazada dentro del país, lo que equivale a más de 1,2 millones de personas.
En paralelo a las operaciones militares, continúan las demoliciones sistemáticas de infraestructuras en áreas bajo control israelí en el sur. Expertos libaneses denuncian una estrategia deliberada destinada a impedir el retorno de los habitantes, describiéndola como una forma de "domi-cidio". Según las autoridades, al menos 15 localidades han sido completamente arrasadas, mientras que en otras 22 los daños son extensos y las demoliciones siguen en curso.
La llamada "zona amarilla", que Israel considera una línea defensiva avanzada, abarca decenas de pueblos y ciudades donde la destrucción de viviendas, edificios públicos, escuelas y lugares de culto continúa avanzando, agravando aún más la crisis humanitaria en el país.
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