La Nobel de la Paz de este año, Navi Pillay, de 85 años, ha dedicado su carrera a combatir algunas de las peores atrocidades y violaciones de derechos humanos, desde el genocidio de Ruanda hasta los conflictos de Oriente Medio. La jurista sudafricana fue una de las primeras magistradas en contribuir a la construcción de la jurisprudencia internacional sobre genocidio, violencia sexual y crímenes contra la humanidad. Antes de ocupar altas responsabilidades en la ONU, había defendido a militantes antiapartheid en Sudáfrica y trabajado en favor de los derechos de las mujeres.

La Fundación Nobel justificó su elección por su defensa del derecho internacional y por una trayectoria de varias décadas dedicada a exigir responsabilidades a autores de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos.

La jurista presidió, entre otros cargos, una comisión independiente de investigación de la ONU que el año pasado acusó a Israel de cometer un genocidio en su reciente campaña militar en Gaza.

Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia aún no ha emitido una sentencia definitiva. Ningún tribunal internacional ha establecido jurídicamente la existencia de tal genocidio. Por eso, varios expertos estiman problemático que el Comité Nobel parezca avalar una conclusión que sigue siendo objeto de examen judicial. No se trata, pues, de que ella esté equivocada, sino de que el Comité Nobel parece haber tomado partido antes de que lo hagan los jueces.

Sus partidarios consideran precisamente que esa voluntad de denunciar los abusos de los Estados, incluso cuando se trata de aliados occidentales o de democracias, explica la pertinencia de este Nobel. Sus detractores, por el contrario, sostienen que esa posición ha derivado en una forma de activismo político incompatible con la neutralidad que exige una figura jurídica internacional.

Esta es la posición del especialista francés en derecho internacional Yann Jurovics, exjurista de la Corte Internacional de Justicia y de los tribunales para Ruanda y la ex Yugoslavia. Jurovics reconoce el prestigio profesional de Pillay, pero cuestiona que el Nobel premie a una persona asociada a una acusación de genocidio que aún no ha sido establecida por ninguna jurisdicción internacional.

"¿Cómo puede defenderse el derecho internacional recompensando a una personalidad cuyos trabajos más notorios son, a mi juicio, más una toma de posición política que una demostración jurídica? (…) El riesgo es hacer creer al público que un reconocimiento moral o político puede sustituir a una validación judicial", escribe este exjurista en la revista francesa Le Point.

Para Jurovics, el Nobel corre el riesgo de transformar una acusación todavía discutida en una especie de verdad consagrada por una autoridad moral.

Premio a una militante 

Bruno Tertrais, director adjunto de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) y uno de los analistas geopolíticos más influyentes de Francia, opina que, con este galardón para Pillay, el Comité Nobel asumió el riesgo de ser acusado no solo de "politización, sino sobre todo de hipocresía". Porque, según él, "tras una apariencia de apoyo a la justicia y a la paz entre los pueblos, se ocultaría en realidad la elección de una militante antisionista radical. Una mujer literalmente obsesionada con Israel durante todo su mandato como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2008-2014)".

Tertrais recuerda que ella “consideró oportuno escribir negro sobre blanco, en septiembre de 2025, en un informe destinado a la ONU, que para Israel el hecho de saber que su ofensiva sobre Gaza causaría un gran número de víctimas civiles constituía la prueba lógica ("por lo tanto") de que el país era necesariamente culpable de genocidio. El Comité Nobel afirma que se basa única y exclusivamente en los supuestos méritos de los galardonados durante el año transcurrido. Pero eso supone olvidar que ella mantuvo a capa y espada ese juicio, pese a que ninguna instancia judicial internacional lo ha respaldado hasta ahora".

Tertrais agrega que Pillay se mostró "mucho menos preocupada, según sus críticos, por Estados auténticamente represivos y violentos como la República Popular China, a la que trató con una consideración infinitamente mayor.

A este respecto, algunos de sus detractores también recuerdan la controversia surgida en torno al trato dispensado por la ONU a disidentes chinos y a la situación de la minoría uigur en Xinjiang. Entre ellos figura Emma Reilly, una antigua funcionaria de la ONU, quien acusó a la oficina dirigida entonces por Pillay de haber transmitido a Pekín información sobre activistas chinos que colaboraban con mecanismos de derechos humanos de la organización. Reilly considera que Pillay mostró una actitud demasiado complaciente hacia las autoridades chinas, una acusación que la ex alta responsable ha rechazado.

Una acusación que también concierne su actitud hacia Rusia. [Pillay] “Nunca ha condenado, ni una sola vez, la agresión rusa contra Ucrania. Tampoco los ataques rusos deliberados contra objetivos indiscutiblemente civiles. Ni el secuestro masivo de niños ucranianos. Se ha limitado siempre a pedir a ambas partes que pusieran fin a las hostilidades, entre otras exhortaciones similares”, escribió en un tuit.

El diario The Wall Street Journal no se va por las ramas y sostiene que Pillay ha utilizado el derecho internacional para redefinir el genocidio al servicio de una agenda contra Israel. "Un premio Nobel por odiar a Israel. Lo último que logrará este galardón a Navi Pillay será promover la causa de la paz", escribe el diario conservador estadounidense.

"Pillay forjó su reputación como jueza en diversos tribunales vinculados a las Naciones Unidas, entre ellos el tribunal internacional encargado de juzgar los crímenes de guerra en Ruanda (1995-2003) y la Corte Penal Internacional (2003-2008). Esta última, creada en 2002, se convirtió rápidamente, según los autores, en una herramienta utilizada por burócratas transnacionales para acusar a Estados Unidos e Israel de crímenes imaginarios. Esa es la razón por la que Estados Unidos sancionó el viernes a la CPI, y por la que el secretario de Estado Marco Rubio ha declarado que desea desmantelarla", agrega el consejo editorial del WSJ.

A este propósito, justamente, la premio Nobel de la Paz calificó el sábado estas sanciones de "inauditas e inaceptables" por videoconferencia desde Núremberg, durante un acto en el Centro Nobel de la Paz en Oslo.

Desde 2021, Pillay es objeto de críticas por sus declaraciones públicas muy críticas hacia Israel, mucho antes de dirigir la Comisión de Investigación de la ONU. Sus detractores recuerdan, entre otros aspectos, que había apoyado la caracterización de Israel como un régimen de apartheid, había pedido sanciones contra Israel y mantenía posiciones públicas muy marcadas sobre el conflicto. Resulta problemático, por decir lo menos, que una persona que expresó una posición tan definida pueda liderar una investigación cuya credibilidad depende, justamente, de la neutralidad.

En otras palabras, la polémica sobre la atribución del Nobel de la Paz 2026 se centra en la utilización que habría hecho el Comité Nobel de la carrera de la sudafricana para enviar un mensaje político sobre Gaza, Israel y el derecho internacional, actualmente objeto de ofensivas por parte de dirigentes como Trump y Netanyahu.

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