De nuestra corresponsal en Bruselas, Ana Lázaro.
La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de avalar la Ley de Amnistía se basa sobre todo en un argumento: su objetivo era "reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación".
Se trata de una victoria política para el Gobierno español que apostó por cancelar las penas de cárcel y de inhabilitación a los condenados por su implicación en el referéndum de independencia celebrado ilegalmente en Cataluña en 2017.
Pero la decisión de la Justicia europea no implica que el expresidente catalán Carles Puigdemont pueda regresar automáticamente a España sin ser detenido. Sí aumenta, en cambio, las posibilidades de que lo haga, aunque será necesario esperar a que los tribunales españoles decidan si le aplican o no la amnistía.
Puigdemont todavía no ha sido juzgado porque se fugó a Bélgica para eludir la orden de detención. En la decisión de la Justicia española pesarán las dos sentencias que hoy se han pronunciado en Luxemburgo. La primera establece que los intereses económicos europeos no se vieron afectados; la segunda, que la amnistía no es contraria a la directiva sobre terrorismo.
Los líderes independentistas catalanes también han celebrado la sentencia. Afirman que “ya no hay excusas” y que ha llegado la hora de que los “exiliados puedan regresar”.
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