Casi el 40 % de los trabajadores japoneses tiene un empleo precario y, entre ellos, muchos cobran el salario mínimo. Una situación que les dificulta llegar a fin de mes.
Keiko, un nombre ficticio, solo come dos veces al día por falta de recursos. "50 yenes más es mejor que nada, pero, a pesar de este aumento, sigo sin poder salir adelante económicamente", afirma. A sus casi 40 años, sigue viviendo con su madre porque su salario no le permite pagar un alquiler.
Su madre también tiene un empleo precario y cobra el salario mínimo. Por eso, a Keiko le da miedo el momento de su jubilación, cuando solo recibirá "una pensión de un monto irrisorio". "Ahí es cuando las dos estaremos aún más en apuros", confiesa.
Un aumento difícil de absorber para algunos empleadores
Un dueño de un restaurante que emplea a varios jóvenes con el salario mínimo se alegra de que su personal pueda ganarse la vida un poco mejor, al tiempo que destaca las dificultades que este aumento representa para su negocio. "Un aumento salarial del 10 % en dos años es complicado de manejar, para mí, en términos de flujo de caja", explica. Además, sus ingresos se ven limitados por la inflación: según él, muchos japoneses se están ajustando el cinturón y salen menos que antes. "En resumen, son tiempos difíciles para todos", resume.
Sin embargo, la primera ministra Sanae Takaichi, ultraliberal en materia económica, acaba de anunciar que el salario mínimo por hora no alcanzará los 1,500 yenes —aproximadamente 8 euros— hasta la década de 2030. Su predecesor, el conservador moderado Shigeru Ishiba, había prometido alcanzar ese nivel antes de que terminara la década de 2020.
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