Japón continúa sufriendo una fuerte contracción demográfica y en el último censo registró un descenso de más de tres millones de personas, hasta situarse en torno a los 123 millones de habitantes en 2025. La caída, del 2,5 % en el período entre 2020 y 2025 según el Ministerio del Interior y Comunicaciones, confirma un deterioro sostenido que, en palabras del portavoz gubernamental Minoru Kihara, “se está agravando”.
La contracción poblacional se atribuye al envejecimiento acelerado y a la disminución natural —con más muertes que nacimientos—, una tendencia que se agudiza en el país, que mantiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. De hecho, el número de nacimientos cayó en 2025 por décimo año consecutivo, con apenas 705.809 registrados, reflejando la persistente dificultad de revertir el declive. Tokio, la capital, con cerca de 14 millones de habitantes, concentra el 11,6 % de la población total.
Problema estructural
La contracción demográfica se ha convertido en el problema estructural más grave de la cuarta economía mundial. Durante años, las autoridades nacionales y locales han intentado incentivar el matrimonio y la maternidad con medidas como subsidios a la crianza, ayudas en las licencias parentales e incluso aplicaciones de citas, aunque con resultados limitados.
En este contexto, el debate sobre la inmigración se intensifica. Si bien el aumento de trabajadores extranjeros aparece como una posible solución, las decisiones políticas siguen divididas.
Por un lado, Japón se ve obligado a aceptar de forma paulatina una mayor inmigración —una tendencia reflejada en el aumento de residentes extranjeros, que alcanzaron los 3,2 millones, superando ampliamente los cerca de 2,75 millones de 2020—. Por otro, sectores del gobierno, encabezados por la primera ministra Sanae Takaichi, impulsan medidas más estrictas para controlar la afluencia de extranjeros, en medio de una oposición política persistente.
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