De nuestro corresponsal en Madrid, Juan Cascón.
Es la primera huelga general en España en 14 años. Una huelga diferente, nacida de las movilizaciones por la vivienda y reforzada por una indignación social aún más amplia.
Al difícil acceso a una vivienda digna lo acompañan unos salarios que no crecen al ritmo de la especulación inmobiliaria, ni tampoco al ritmo de la inflación que sigue encareciendo el coste de la vida. Y a esto se suma la defensa de las pensiones y los servicios públicos, especialmente en educación y en sanidad.
Este paro total fue impulsado por el Sindicato de Inquilinas, al que se sumaron los principales sindicatos de clase, Comisiones Obreras y UGT, con capacidad legal para convocarlo. Una circunstancia poco habitual, como también lo son las posiciones políticas.
Los partidos de izquierda apoyan la huelga, al igual que el Gobierno, donde el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y casi todos sus ministros y ministras han despejado sus agendas para la jornada. La derecha y la ultraderecha, sin embargo, la rechazan y, en línea con la patronal, la tachan de electoralista, a dos días del inicio de la campaña electoral para las generales del 29 de noviembre.
Los sindicatos prevén un seguimiento “asimétrico” en el territorio español, según el impacto de la crisis de la vivienda en cada región, aunque auguran unas manifestaciones masivas en las principales ciudades del país.
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