La escalada de violencia de las pandillas en Guatemala puso al descubierto las fragilidades del aparato de seguridad, pero también un presunto complot contra el gobierno para blindar una denunciada alianza entre políticos y criminales.
"Lo que hemos visto en el último año es un repunte claro de la violencia, tanto entre pandillas rivales como en su confrontación directa con el Estado. Las pandillas han protagonizado motines y fugas carcelarias, sobre todo como respuesta a los intentos del gobierno del presidente Bernardo Arévalo de aislar a sus líderes, que en su mayoría están presos" ha afirmado Alex Papado Basilakis, investigador para Centroamérica de Inside Crime, en la antena de RFI
El detonante de la actual crisis fue el asesinato de diez policías y motines en las cárceles. En respuesta, la administración de Arévalo, caracterizada inicialmente por un perfil moderado, ha decretado el estado de excepción para contener a grupos criminales que operan en las principales ciudades del país desde finales de los años 90. Este cambio de rumbo pone a Guatemala en una tendencia latinoamericana de políticas de control estricto, cuyo impacto a largo plazo sigue siendo objeto de análisis debido a los precedentes en países vecinos.
"Guatemala empieza a transitar una ruta que ya han seguido otros gobiernos de la región apostando por las políticas de mano dura para intentar reducir la violencia interna" dice Alex Papado Basilakis en RFI añadiendo que "es una estrategia que ha tenido resultados desiguales y cuyo impacto real depende de cuánto tiempo se mantenga y de qué controles se establezcan. En su país vecino, El Salvador, ha habido muchos señalamientos de infracciones en los derechos humanos de las personas capturadas, así que también hay cuestiones sobre la viabilidad de esas políticas en el largo plazo"
Actualmente, Organismos internacionales mantienen bajo observación las denuncias por violaciones a derechos humanos registradas en El Salvador bajo regímenes similares, mientras que el gobierno guatemalteco busca aislar a los líderes de las pandillas recluidos en los centros penales del país.
La ola de violencia de la pandilla Barrio 18 -considerada terrorista por Guatemala y Estados Unidos- se remonta a julio pasado cuando cinco de sus máximos jefes fueron trasladados a una prisión de alta seguridad, pues seguían ordenando asesinatos, vendiendo drogas y extorsionando, según el gobierno.
Tras una serie de motines, una veintena de integrantes de esa banda escaparon en octubre de otra cárcel en medio de denuncias de complicidad por parte de las autoridades, lo que provocó una crisis que terminó en la destitución del ministro de Gobernación (Interior) y otros funcionarios.
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