Un jurado de Dakota del Norte condenó a la ONG Greenpeace a indemnizar con más de 660 millones de dólares a una empresa energética que la demandó por protestar en 2016 y 2017 contra la construcción de un oleoducto. Un importante movimiento de oposición había tenido lugar, con decenas de miles de manifestantes en apoyo del pueblo indígena sioux de Standing Rock.
El veredicto es un duro golpe para el grupo ecologista, que fue acusado por Energy Transfer (ET) de orquestar una campaña de violencia y difamación durante la edificación de su cuestionado oleoducto Dakota Access hace casi una década.
El jurado impuso la multa de más de 660 millones de dólares por daños y perjuicios a tres entidades de Greenpeace, citando cargos que incluyen allanamiento, molestias, conspiración y privación de acceso a la propiedad. "Nos gustaría dar las gracias al juez y al jurado por la increíble cantidad de tiempo y esfuerzo que dedicaron a este caso", celebró la compañía tras la decisión.
"Aunque nos complace que Greenpeace tenga que rendir cuentas por sus acciones, esta victoria es realmente para la gente de [la ciudad de] Mandan y de todo Dakota del Norte que tuvo que vivir el acoso diario y las interrupciones causadas por los manifestantes que fueron financiados y entrenados por Greenpeace", añadió ET.
El caso
En el centro del proceso judicial contra la ONG en Estados Unidos estuvieron las protestas desencadenadas entre 2016 y 2017 contra el proyecto Dakota Access.
La tribu indígena sioux de Standing Rock y movimientos en pro del medioambiente como Greenpeace, a los que se unieron en varias ocasiones miles de manifestantes, intentaron en vano impedir la construcción de un tramo del ducto que, según los nativos, atraviesa lugares sagrados y amenaza sus fuentes de agua potable.
Cientos de personas en aquellas protestas resultaron heridos y otros tantos detenidos, por lo que la ONU mostró su preocupación por las presuntas violaciones de la soberanía de los indígenas.
A pesar de las protestas, el oleoducto -destinado a transportar crudo obtenido mediante fracturación hidráulica a refinerías y a los mercados mundiales- entró en funcionamiento en 2017.
Apelación
La ONG ecologista, que había denunciado durante el juicio que el caso tenía como objetivo "silenciarla", aseguró que recurrirá la sentencia. "No se puede llevar a la quiebra a un movimiento", zanjó la directora ejecutiva interina de Greenpeace en Estados Unidos, Sushma Raman.
"Este movimiento existe en todo el mundo: personas que quieren un planeta más limpio y más verde, una democracia más vibrante e inclusiva, la protección de los océanos, los bosques y la tierra. La gente que da poder a organizaciones como Greenpeace… no se les puede llevar a la bancarrota, y el trabajo continuará", sostuvo.
Greenpeace Internacional interpuso una contrademanda contra ET en Países Bajos, al acusar a la compañía de utilizar los procesos judiciales para reprimir la disidencia. Una audiencia está prevista para el 2 de julio.
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