Los cuestionamientos del gobierno de Colombia al software de pre-conteo y escrutinio remontan a las legislativas del año 2014 cuando votos de una formación política fueron trasladados a otros partidos, explicó a Radio Francia Internacional la senadora oficialista Maria José Pizarro: “El partido político MIRA que en este momento no es un partido de gobierno. Ellos se presentaron a las elecciones y lograron demostrar, después de un proceso que se adelantó por parte del Consejo de Estado que les habían sido trasladados sus votos y digamos, no se les había permitido componer el Congreso de la República como les correspondía, en función de los votos que efectivamente se habían recibido”.
La investigación del Consejo de Estado dejó en evidencia que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría delegaron la soberanía del conteo en empresas privadas que operan con algoritmos cerrados o “cajas negras”. Fue un "fraude técnico sin precedentes", según la sentencia del máximo tribunal administrativo.
María José Pizarro indicó que en dicho fallo “se conmina a las autoridades electorales a que desarrollen un software electoral propio, no como sucede desde ese entonces y hasta la fecha. Un software electoral que funciona para el escrutinio y para el conteo final de los votos, que es un software tercerizado. ¿Esto qué quiere decir? Que está contratado a través de una empresa privada que se llama Thomas Greg & Sons”.
La historia se repitió en los comicios legislativos de 2022 (la senadora se refiere al proceso del Pacto Histórico) con los votos de dicha formación política, según explica la congresista: “Más de medio millón de votos que eran para el Pacto Histórico terminaron en otras fuerzas políticas, como lo acaba de reconocer hace pocos días el registrador nacional (o autoridades competentes), que dice que por el mal diseño del formulario E-14 se trasladaron votos del Pacto Histórico al Partido de la U. Y nosotros, después de una defensa jurídica de muchos meses, logramos recuperar esos 649.000 votos y, con esa recuperación, cuatro curules más para el Pacto Histórico. Esto es muy importante que la gente lo tenga claro porque es un fraude al elector. El elector deposita su voto por el Pacto Histórico y resulta que ese voto no es contado para nosotros, sino que es contado y trasladado a otras fuerzas políticas”.
“El Estado no puede seguir alquilando el sistema que decide quién gobierna. La propiedad intelectual debe ser pública para permitir auditorías ciudadanas y forenses en tiempo real”, reza la sentencia del Consejo de Estado emitida en 2018. “Desafortunadamente no se han acatado”, insistió Pizarro. “Es decir, hay un desacato al fallo del Consejo de Estado y por otro lado se mantiene la misma contratación con la misma empresa que ya ha presentado estos fallos”.
Leer también¿Qué se vota el 8M en Colombia?: el termómetro electoral en la recta final del mandato de Gustavo Petro
A menos de una semana de la cita en las urnas, la Registraduría de Colombia aseguró haber demostrado, mediante una auditoría que duró tres días, que el software electoral sí es seguro. Sin embargo, la senadora Pizarro cuestiona la profundidad de dicha revisión. “Claro, el registrador muestra el software y hace lo que a sus ojos es una auditoría. Y nosotros hoy dejamos perfectamente claro que eso no es una auditoría al software; que no se ha permitido verificar el código fuente. Nosotros podríamos estar asistiendo a un escenario similar al que vivimos en el 2022 y, por lo tanto, hemos desarrollado toda una estrategia de testigos electorales", advirtió.
"Tenemos más o menos 45.000 testigos electorales, pero se necesitan alrededor de 90.000 para poder cubrir el 100% de las mesas. También tenemos alrededor de 500 abogados escrutadores que, de manera voluntaria, estarán acompañando la revisión de las mesas que sean impugnadas por parte de los testigos electorales”, concluyó la senadora.
Compartir esta nota