Organizaciones estudiantiles y sindicatos del sector universitario habían convocado protestas en todo el país para este martes para oponerse a "cualquier aumento de las tasas de matrícula", en respuesta al plan gubernamental de aplicar tarifas diferenciadas a los estudiantes extracomunitarios. Los colectivos exigen que se mantenga el sistema de exoneraciones.
Desde 2019, las universidades podían conceder estas exenciones, lo que en la práctica igualaba el coste de los estudios entre alumnos extranjeros y franceses: 178 euros al año por una licenciatura y 254 por un máster en la enseñanza pública. Con el nuevo modelo, y en ausencia de ayudas, las matrículas ascenderían a unos 2.900 euros en licenciatura y cerca de 4.000 en máster.
Cada año, Francia acoge a unos 300.000 estudiantes internacionales, de los cuales cerca de 20.000 proceden de países de América Latina.
Las asociaciones estudiantiles consideran que la medida traslada a los alumnos extranjeros el peso de la falta de financiación pública y afecta especialmente a los procedentes de regiones con menos recursos.
Alice de Brito, estudiante de Economía en la Universidad París-Est Créteil y vicepresidenta del sindicato UNEF, lo explica así: "Los estudiantes de América Latina y África, que son los que tienen las condiciones de vida y financieras más difíciles, serán los más afectados porque se va a introducir una selección económica en el acceso a la universidad".
El Gobierno, por su parte, defiende que la reforma permitirá aportar unos 250 millones de euros adicionales a las universidades y sostiene que seguirán existiendo mecanismos de exención. Sin embargo, los estudiantes movilizados estiman que estas ayudas alcanzarían apenas al 10% de los matriculados extranjeros.
Ante la presión, el Ministerio de Educación Superior ha suavizado parcialmente el proyecto inicial. El nuevo borrador de decreto permite a las universidades exonerar hasta un 20% de los estudiantes extracomunitarios del pago de tasas. Además, prevé un periodo transitorio con un techo del 30% a partir del próximo curso, que se reducirá al 25% en 2027. La versión anterior, examinada la semana pasada, limitaba estas exenciones al 10% y fue ampliamente rechazada, hasta el punto de que la reunión fue boicoteada por numerosos representantes.
Pese a estos ajustes, las críticas persisten. Ali Cherif, secretario general del sindicato Unsa Sup-Recherche, rechaza el dispositivo incluso en su versión modificada: "Esto sigue siendo profundamente injusto. Francia siempre ha sido una tierra de acogida y ahora nos ponemos a aplicar cuotas".
La contestación en las calles y en los campus augura que el debate sobre el acceso a la universidad para estudiantes internacionales seguirá abierto en las próximas semanas.
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