En París, se esperan entre 5.000 y 10.000 manifestantes, principalmente pequeños grupos de funcionarios frente a ministerios y lugares de trabajo, que confluirán en la plaza de la Bolsa a partir de las 14:00 horas.
A nivel nacional, la movilización se anuncia modesta: en principio, solo participarán afiliados y simpatizantes de las organizaciones convocantes. Los sindicatos denuncian un texto que consideran perjudicial para los servicios públicos. Con esta jornada, esperan presionar tanto al gobierno como a la izquierda, mientras los socialistas han señalado que buscan un compromiso con el Primer Ministro.
Sophie Vénétitay, secretaria general del SNES-FSU, advierte: "Este presupuesto, aún en discusión, plantea hipótesis muy preocupantes para el futuro de los servicios públicos. Prevén cerca de 4.000 supresiones de puestos de profesores, cuando necesitamos más docentes en las escuelas. Más allá de la educación, toda la función pública y también el sector privado están llamados a movilizarse. Nuestra sociedad está fracturada por grandes desigualdades —en educación, en salud— y no podremos abordar la transición ecológica sin los recursos necesarios. Hace falta un presupuesto diferente, que implique más a los ultrarricos, que hasta ahora han escapado a toda contribución. Eso no es justo".
Por su parte, la CGT lanzó el 27 de noviembre una "alerta roja" contra un proyecto que "penaliza a todos los sectores de la sociedad, especialmente a los más precarios", según su secretaria general Sophie Binet, quien también denunció el "estancamiento del debate público" y reclamó aumentos salariales con el lema: "¡Dinero hay!". Las asociaciones de solidaridad —como ATD Cuarto Mundo— también se oponen al texto.
El movimiento social tendrá poca incidencia en los transportes: el tráfico TGV será normal, aunque habrá perturbaciones en Intercités, algunos trenes TER (sobre todo en Occitania) y en la línea RER C en Île-de-France, indicó el ministro Philippe Tabarot. En la red de la RATP, la circulación de metros, autobuses y tranvías será normal. En educación, la FSU-SNUipp, principal sindicato de maestros de primaria, no dispone de estimaciones sobre el número de huelguistas.
El impacto del cambio demográfico
Descenso de la fecundidad y acelerado envejecimiento de la población: el impacto del cambio demográfico en las finanzas públicas francesas será cada vez mayor, advierte este martes el Tribunal de Cuentas, que llama a replantear “la visión colectiva” sobre el envejecimiento y la edad de jubilación.
"La presión sistémica que ejerce la demografía sobre los sistemas de pensiones por reparto invita a reconsiderar la franja de edad de 60 a 70 años como una década en la que la actividad profesional deberá seguir ocupando un lugar creciente para quienes puedan hacerlo", señala el informe.
En momentos en que la Asamblea Nacional retoma el examen del presupuesto de la Seguridad Social —en la versión transmitida por el Senado, que no contempla la suspensión de la reforma de las pensiones hasta 2028—, la institución subraya que "la edad de transición entre trabajo y jubilación influye, al menos tanto como el nivel de las pensiones, en el equilibrio de las finanzas públicas".
Pero "la intensidad del debate sobre las pensiones" no debería eclipsar otros desafíos del envejecimiento, insisten los magistrados de la rue Cambon.
Con la caída de la fecundidad (1,62 hijos por mujer en 2024), el aumento de la esperanza de vida y la llegada a edades avanzadas de las numerosas generaciones del baby boom, la proporción de personas mayores de 65 años pasó del 16,3 % en 2005 al 21,8 % en 2024, y podría alcanzar el 28,9 % en 2070.
Consecuencia: la reducción prevista de la población en edad de trabajar erosionará los ingresos públicos, que se desacoplarán de un gasto en pensiones, salud y dependencia que aumentará de forma masiva y duradera debido al envejecimiento.
En este contexto, las modalidades de financiación del sistema de protección social “tendrán necesariamente que evolucionar”, y corresponderá a los responsables políticos decidir “entre fiscalidad o cotizaciones, solidaridad intergeneracional o intrageneracional, sector público o privado” para garantizar equidad y sostenibilidad. El informe advierte que "la inacción solo retrasaría y amplificaría los ajustes necesarios, con el riesgo de hacerlos más urgentes y difíciles de aplicar".
Una buena noticia, sin embargo, en el actual contexto de tensiones sociales: el saldo presupuestario del Estado francés se situó en -136.170 millones de euros a finales de octubre, frente a -157.390 millones un año antes, según informó este martes el Ministerio de Cuentas Públicas.
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