El Parlamento francés adoptó de forma definitiva la víspera una nueva ley para reforzar la lucha contra el narcotráfico, considerada una prioridad del gobierno en materia de seguridad. El texto fue aprobado por amplia mayoría en la Asamblea Nacional, luego de haber sido validado por unanimidad en el Senado el lunes, pese a la abstención de los ecologistas.
Esta legislación llega pocos días después de varios ataques coordinados contra prisiones y tras la captura, en febrero, del narcotraficante Mohamed Amra, cuya espectacular fuga en 2024 provocó la muerte de dos agentes penitenciarios. En ese contexto, el gobierno busca responder a una violencia creciente vinculada al tráfico de drogas: solo en 2024, se registraron 110 muertos, 341 heridos y 367 asesinatos o intentos de asesinato relacionados con el narcotráfico.
“Esta ley supone un paso decisivo en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales”, declaró el ministro del Interior, Bruno Retailleau, quien aseguró que con ella los agentes “podrán actuar en igualdad de condiciones”.
Entre las principales medidas figura la creación, a partir de enero de 2026, de una Fiscalía Nacional contra la Criminalidad Organizada (PNACO), inspirada en la actual Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat), que tendrá competencia sobre los casos más graves y complejos. Esta fiscalía estará respaldada por un nuevo “estado mayor” interministerial con sede en Nanterre, encargado de coordinar los servicios de investigación.
Construcción de cárceles de alta seguridad
La ley prevé también la creación de cárceles de alta seguridad para los narcotraficantes más peligrosos, siguiendo el modelo de las leyes antimafia italianas. La primera abrirá a finales de julio en Vendin-le-Vieil, en el norte de Francia. Este régimen incluirá cacheos controlados en caso de contacto físico sin vigilancia, acceso restringido a teléfonos móviles y aislamiento casi total de los detenidos.
Además, se introduce la figura del “narco arrepentido”, que podrá beneficiarse de una reducción de condena de hasta dos tercios si colabora con la justicia. También se establecerá un estatuto para los “infiltrados civiles”, personas ajenas a las fuerzas del orden que podrán ser remuneradas por actuar como informantes.
Medidas controvertidas
Una de las disposiciones más controvertidas es la creación de “expedientes-caja fuerte” o actas separadas, que permiten ocultar a los acusados y a sus abogados ciertos elementos relacionados con técnicas especiales de investigación. A ello se suman nuevas herramientas como el uso de inteligencia algorítmica y la activación remota de dispositivos electrónicos para escuchas sin conocimiento de su propietario.
Asimismo, los prefectos podrán decretar el cierre administrativo de empresas sospechosas de blanqueo de capitales por un período de hasta seis meses, prorrogable.
Sin embargo, varias de estas medidas han generado fuertes críticas por parte de juristas y de la oposición de izquierda, en particular La Francia Insumisa, que votó en contra del texto. Advierten sobre posibles vulneraciones a las libertades públicas y al derecho de defensa, y anunciaron que recurrirán la ley ante el Consejo Constitucional. “Oculta a la defensa una parte del expediente, y una persona no puede ser condenada sobre la base de elementos que no puede rebatir”, denunció Valentine Guiriato, del Consejo Nacional de la Abogacía.
Desde el gobierno, se argumenta que se trata de una herramienta moderna y necesaria para enfrentar un fenómeno criminal que evoluciona rápidamente. “Debemos proteger tanto las técnicas de investigación como a las personas que nos ayudan”, defendió Ludovic Fiat, presidente del Sindicato de Magistrados. Para él, el aislamiento extremo de los detenidos peligrosos es “una herramienta interesante para su encarcelamiento”, aunque Guiriato rechaza ese régimen, alegando que el problema de fondo sigue siendo la falta de medios y la sobrepoblación carcelaria.
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