Son ya 13 los magistrados de la Corte Penal Internacional afectados por sanciones estadounidenses. Esta vez, las medidas alcanzan a la presidenta de la Corte, la jueza japonesa Tomoko Akane, y al senegalés Abdoulaye Seye, uno de los responsables del expediente sobre Palestina que desembocó en órdenes de detención contra dos responsables israelíes, entre ellos Benjamin Netanyahu, explica nuestra corresponsal en La Haya, Stéphanie Maupas.
La Corte reaccionó el miércoles y estimó que "cuando los actores judiciales son amenazados por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que queda en peligro", afirmó en un comunicado.
Para Washington la CPI es una "amenaza"
Al anunciar las sanciones, el secretario de Estado estadounidense volvió a acusar a la CPI de representar "una amenaza para nuestra soberanía nacional". Marco Rubio aseguró que "los estadounidenses nunca serán trasladados al otro lado del océano para ser juzgados por delitos ficticios".
Las personas sancionadas tienen prohibido obtener visados y realizar transacciones con empresas vinculadas a Estados Unidos, en particular bancos y proveedores de servicios de internet.
Las organizaciones y ciudadanos estadounidenses que ayuden, cooperen o trabajen con personas sancionadas se exponen a penas de hasta 20 años de prisión y multas de un millón de dólares. La semana pasada, cuatro ONG que colaboran con la Corte, entre ellas Human Rights Watch, presentaron recursos ante la justicia estadounidense.
Unas sanciones que «socavan el Estado de derecho» (CPI)
El miércoles, Japón calificó de "muy lamentables" las sanciones estadounidenses contra la presidenta de la Corte Penal Internacional, la japonesa Tomoko Akane, en el marco de una ofensiva contra una institución a la que Washington acusa de estar "politizada".
"Japón ha apoyado constantemente a la CPI (…) en sus esfuerzos por perseguir y castigar los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional y por hacer respetar el Estado de derecho", recuerda el documento. Estas nuevas sanciones estadounidenses "socavan el Estado de derecho", denunció por su parte la Corte en un comunicado.
Alemania también expresó su apoyo a la Corte Penal Internacional y a su presidenta, Tomoko Akane, al considerar que es de "importancia fundamental defender y proteger a la CPI como institución independiente".
"Apoyamos a la Corte Penal Internacional y a su presidenta, Tomoko Akane", declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores durante una rueda de prensa habitual en Berlín. Según el portavoz, las posibles "deficiencias" de la institución "no constituyen en ningún caso una razón para cuestionar fundamentalmente esta importante institución ni los méritos que le corresponden".
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