Donald Trump había hecho de las deportaciones masivas una promesa estrella de su campaña electoral de 2024. Ante la negativa de algunos países a aceptar de vuelta a sus ciudadanos, y ante la imposibilidad de enviar de regreso a personas que se encontrarían en grave peligro en sus países de origen, la Casa Blanca estableció un mecanismo de deportación hacia terceros países, especialmente en África y América Latina. Para dirigir esta política, el gobierno creó en junio de 2025 la “Office of Remigration” o “Oficina de Remigración”, una pequeña estructura dentro del Departamento de Estado.
Su mismo nombre escandalizó a algunos diplomáticos de carrera: el término “remigración” se asocia, en efecto, al discurso xenófobo de la extrema derecha europea. Otro símbolo significativo: esta oficina se ha adscrito a la misma entidad que hasta entonces se encargaba de la ayuda humanitaria y los refugiados en Estados Unidos. Un giro de 180 grados, de la acogida a la expulsión sistemática de inmigrantes.
Una política llevada a cabo en la sombra
La creación de esta oficina nunca se anunció públicamente. Solo aparece en una nota administrativa dirigida al Congreso, presentada como una simple “reorganización”. En el sitio web del Departamento de Estado no aparece ninguna mención a la “Oficina de Remigración”. Las autoridades estadounidenses nunca han dado detalles sobre su funcionamiento.
Esta discreción forma parte de una estrategia más amplia, impulsada por Stephen Miller, el asesor ultraconservador de Donald Trump. Si bien el Departamento de Seguridad Interna —que, entre otras cosas, supervisa al ICE, la policía federal de inmigración— sigue siendo un actor clave en la política migratoria, ahora es el Departamento de Estado el que desempeña un papel central en las deportaciones a terceros países.
Los acuerdos celebrados con estos Estados se negociaron mediante notas diplomáticas, eludiendo así cualquier control del Congreso. Desde 2025, más de 25.000 migrantes han sido enviados a estos destinos, de un total de casi un millón de deportaciones. Según el Washington Post, el objetivo es también crear un efecto disuasivo, que impulse a los migrantes a salir de Estados Unidos por su propia voluntad.
Reacciones indignadas
La creación de esta oficina ha provocado una ola de protestas. Organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, y expertos de la ONU denuncian prácticas contrarias al derecho internacional, en particular la devolución de inmigrantes a terceros países sin posibilidad de recurso.
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