En una jornada marcada por la presión de miles de manifestantes concentrados en Madrid, los diputados rechazaron primero un decreto por 178 votos en contra frente a 172 a favor. Minutos después, la Cámara Baja también tumbó el segundo texto por 184 votos contra 166, dejando sin efecto el paquete de medidas que el Ejecutivo de izquierdas había presentado de urgencia el martes.
La votación confirmó el escenario que se anticipaba desde la víspera. El Partido Popular (PP), Vox y la formación independentista catalana Junts votaron en contra de ambos decretos, privando al Gobierno de los apoyos necesarios para sacarlos adelante. Los siete diputados de Junts volvieron a resultar decisivos para una mayoría parlamentaria que sigue dependiendo de complejos equilibrios entre los socios de investidura.
La derrota se produjo además en un contexto de fuerte tensión social. Desde hace más de una semana se mantienen protestas y acampadas en el centro de Madrid para exigir medidas contra el encarecimiento de la vivienda y los desalojos. Los manifestantes habían acudido este viernes a las inmediaciones del Congreso para reclamar la convalidación de los decretos, convertidos en símbolo de la respuesta del Ejecutivo a una crisis que se ha agravado en los últimos años.
Las iniciativas rechazadas incluían la renovación automática de contratos de alquiler al vencimiento, mayores restricciones para los desalojos de inquilinos vulnerables y medidas dirigidas contra los llamados "fondos buitre", señalados por organizaciones sociales como responsables de parte de la presión sobre los precios del mercado inmobiliario.
El Gobierno había impulsado estos textos tras la ola de indignación generada por el caso de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años desalojada de la vivienda donde residía desde hacía siete décadas después de que el inmueble cambiara de propietario. Su situación se convirtió en un símbolo de la crisis de acceso a la vivienda y contribuyó a impulsar las protestas que aún continúan.
La doble derrota parlamentaria aumenta ahora la presión sobre Pedro Sánchez. Antes de la votación, la oposición ya reclamaba la convocatoria de elecciones anticipadas si los decretos eran rechazados. Además, distintas fuentes citadas en las últimas horas apuntaban a que incluso dentro del Partido Socialista y del entorno gubernamental existen voces que consideran esa posibilidad si el Ejecutivo sigue incapaz de reunir mayorías en el Congreso.
Por el momento, Sánchez no ha dado señales de querer adelantar las elecciones previstas para 2027. Sin embargo, el fracaso consecutivo de los dos decretos deja abierta una nueva fase de incertidumbre política. Una de las hipótesis que ya circulaba antes de la votación es la eventual convocatoria de comicios anticipados, con algunas fuentes señalando incluso finales de noviembre como una fecha posible. Otra opción sería intentar renegociar las medidas con Junts para presentar nuevos textos que permitan recomponer una mayoría parlamentaria.
Mientras tanto, la crisis de la vivienda, que según el Banco de España se desarrolla en un contexto de déficit de unas 700.000 viviendas en el país, sigue situándose en el centro del debate político español. La caída de los decretos priva al Gobierno de su principal respuesta inmediata a una de las mayores preocupaciones sociales de los ciudadanos y abre un nuevo capítulo de fragilidad para una legislatura que vuelve a demostrar su dependencia de apoyos parlamentarios cada vez más difíciles de asegurar.
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