Con la corresponsal de RFI en México Gwendolina Duval
Los mexicanos deportados llegan a Honduras, Guatemala u otro país de América Central en avión y, a continuación, son repatriados en autobús a México, a la frontera sur. El número de estos viajes ha aumentado considerablemente desde el mes de abril, aunque sigue siendo muy inferior a los 270.000 mexicanos deportados directamente a México desde enero de 2025.
Sin embargo, legalmente, EE.UU. no debería poder expulsar a personas que hayan solicitado asilo, ni devolverlas a un país donde corran peligro de muerte. La administración estadounidense se permite eludir la ley mediante estas expulsiones a un tercer país, que se llevan a cabo en el marco de acuerdos con los países de acogida.
Se trata de acuerdos bilaterales firmados por Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca, con una treintena de países, principalmente de América o África, que aceptan acoger a las personas deportadas. Estos acuerdos, a veces bastante opacos, tienen como objetivo disuadir a las personas deportadas de intentar volver a EE.UU. enviándolas más lejos. Una estrategia de disuasión que, sin embargo, le sale más cara a Estados Unidos que enviar directamente a los deportados a México. Para algunos analistas, se trata de una señal de la administración Trump, que hace oídos sordos a los llamamientos del gobierno mexicano para que respete a sus compatriotas y, sobre todo, respete los derechos de los migrantes.
México se encuentra en una situación especial con respecto a Washigton. Un vecino con el que mantiene una relación económica muy privilegiada, al tiempo que sufre su presión constante en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, a lo que se suma la cuestión migratoria. En julio, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció la presentación de denuncias penales en Estados Unidos tras la muerte de migrantes mexicanos detenidos o durante operaciones llevadas a cabo por la policía de inmigración (ICE). Hasta esa fecha, 17 mexicanos ya habían fallecido en esos centros o durante operaciones policiales desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
No obstante, las autoridades mexicanas se muestran dispuestas a acoger a sus ciudadanos expulsados. El país acoge incluso a personas expulsadas de otras nacionalidades, rechazadas por Estados Unidos. Ya era así durante el primer mandato de Trump, y sigue siéndolo hoy en día. Se trata principalmente de cubanos o venezolanos, que no pueden regresar a su país de origen. Se habla de unas 20 000 personas, según la asociación Third Country Deportation Watch, que observa estos desplazamientos e intenta arrojar luz sobre la opacidad que rodea a las cifras de las expulsiones estadounidenses.
En México, las autoridades no han actualizado sus datos desde principios de año. Estas personas son enviadas al sur de país, a los estados de Chiapas o Tabasco, donde se quedan atrapadas y sin perspectivas.
Compartir esta nota