El Gobierno español continúa su camino hacia una sanidad pública universal. El real decreto aprobado este martes reconoce el derecho a la asistencia sanitaria para los extranjeros sin residencia legal en España, algo que amplía una de las medidas sociales recuperadas por el presidente Pedro Sánchez cuando llegó al poder en 2018, informa desde Madrid nuestro corresponsal, Juan Cascón.
Ahora los migrantes en situación irregular no tendrán que demostrar que llevan tres meses viviendo en España.
"Bastará una declaración responsable que indique que no se tiene cobertura sanitaria por otra vía y un documento que acredite la residencia. Por ejemplo, un certificado de empadronamiento o una factura de la luz", agrega Cascón.
También podrán beneficiarse los españoles que residan en el extranjero y que vuelvan a España para estancias temporales, además de sus familias. La norma busca eliminar barreras burocráticas y deberá aplicarse por igual en todo el país.
"Se asistirá de forma inmediata a colectivos vulnerables, entre los cuales están los menores de edad, las mujeres embarazadas —incluso en caso de querer abortar—, las víctimas de violencia de género, violencia sexual, explotación y trata, y los solicitantes de protección internacional o del estatuto de apátrida", informó también nuestro corresponsal.
"La norma elimina barreras burocráticas"
"Este real decreto iguala la cobertura sanitaria para estos beneficiarios en toda la geografía española y acaba con criterios divergentes que, hasta la fecha, se aplicaban en función del territorio", dijo la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
Una vez reconocido el derecho, este no caducará salvo que el solicitante obtenga asistencia sanitaria por otra vía.
Para facilitar su aplicación, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez aprobó un real decreto que le permite prescindir de un voto en el Parlamento, donde no cuenta con mayoría.
Desde su llegada al frente del Ejecutivo en 2018, Sánchez defiende una política de apertura en materia de inmigración, a contracorriente de muchos de sus vecinos europeos e incluso occidentales.
A finales de enero, su Gobierno presentó un plan masivo de regularización de migrantes en situación irregular que podría beneficiar a unas 500.000 personas, en su gran mayoría latinoamericanas, una medida que busca sostener el crecimiento económico del país y combatir el envejecimiento de la población.
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