En medio de la ofensiva contra los migrantes en situación irregular, el Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite a ciudadanos de determinados países en crisis vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, está llegando progresivamente a su fin, en particular tras la anulación de varios recursos judiciales.
El 12 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó una actualización que retiró este beneficio a numerosos países. Entre ellos figuran Somalia, Sudán del Sur, Nepal, Siria, Yemen y Afganistán. En América Latina, Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras.
Desde el sábado 15 de agosto, la prensa hondureña ha evocado la suerte de los 72.000 hondureños que viven en Estados Unidos bajo esa condición. ¿A qué se enfrentan ahora? Los hondureños pueden abandonar voluntariamente Estados Unidos o asumir el riesgo de ser expulsados por los agentes del ICE. En ese caso, se exponen a varios días, incluso semanas, de detención, a veces en condiciones difíciles o violentas.
Las salidas voluntarias están lejos de estar garantizadas. Los cerca de 70.000 ciudadanos afectados llevan instalados en Estados Unidos desde hace 15, 20 o incluso 27 años. Algunos obtuvieron el TPS en 1999, después del paso del huracán Mitch, que devastó Honduras. Desde entonces han construido toda su vida en Estados Unidos: trabajan allí, poseen una vivienda y muchos han formado una familia. Sus hijos, en algunos casos, nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses que sí pueden permanecer en el país. Si deciden regresar, la separación familiar sería dolorosa. Pero también tendrían que volver a un país de origen donde muchos ya no poseen nada.
Honduras no tiene cómo recibirlos
La capacidad de Honduras para absorber estos retornos masivos es otro motivo de preocupación. Esta semana, el presidente Nasry Asfura aseguró que su gobierno se está preparando para el regreso de estos ciudadanos y prometió facilitar su reintegración en el mercado laboral. Sin embargo, hasta ahora no se ha anunciado ninguna medida concreta ni se ha destinado un presupuesto para ello.
Entre asociaciones y ONG la inquietud es grande. Así lo expresa Wilmer Vásquez, director de Cofadeh, una organización hondureña especializada en cuestiones migratorias: "Teniendo en cuenta las condiciones en las que Honduras se encuentra hoy, siendo el país más desigual de América Latina y uno de los seis más desiguales del mundo, estos retornos serían catastróficos. No hay oportunidades de empleo, los servicios de salud son deficientes y el sistema educativo es débil. Por lo tanto, el regreso a Honduras requeriría una respuesta integral por parte del Estado. Actualmente esas condiciones no existen. Ningún gobierno se ha preparado para ello", dice.
Otra preocupación son las remesas, las ayudas económicas que cada mes envían los hondureños que viven en Estados Unidos a sus familias en el país. Con estas expulsiones, una parte de esos recursos podría desaparecer, lo que supondría un golpe para la economía hondureña, ya que las remesas representan entre el 25 % y el 30 % del PIB.
Según el Banco Central de Honduras, el fin del TPS provocará una caída de estas transferencias de al menos 300 millones de dólares al año. Esta reducción afectará directamente a los hogares hondureños. Más del 10 % de las familias dependen diariamente de ese dinero para pagar alimentos, medicamentos, vivienda o los gastos escolares de sus hijos. Por ello, varios economistas de la universidad pública han pedido a las autoridades que atiendan con urgencia a esas familias.
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