Con el corresponsal de RFI en Washington, Vincent Souriau
La ofensiva anticlimática de Donald Trump continúa, mientras el presidente estadounidense sigue repitiendo que el calentamiento global es, a sus ojos, una invención, e incluso una estafa. Este lunes, su administración revocó los límites de emisiones contaminantes impuestos a las centrales eléctricas del país. Anunciada en la reunión de ministros de energía del G20 en Houston, Texas, la decisión va aún más allá, ya que propone impedir cualquier regulación futura en este ámbito.
Esta medida clave del mandato de Joe Biden, que alzó su voz al final de su presidencia, obligaba las centrales estadounidenses de carbón y gas natural a prepararse para captar el 90% de los gases de efecto invernadero que liberaban a la atmósfera.
Sin embargo, para captar este stock de contaminación, tenían que realizar inversiones muy grandes —del orden de unos 800 millones de dólares— para instalar un avanzado sistema de captura y almacenamiento de carbono en las chimeneas de estos edificios.
Devolver favores
Mientras la industria del carbón siempre vio esta decisión como una forma disfrazada de acabar con la minería del carbón en Estados Unidos, la administración Trump acaba de acudir a su rescate al suprimir esta medida, una iniciativa a través de la cual también pretende contribuir a satisfacer la demanda de electricidad que está explotando en el país con el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y sus centros de datos intensivos en energía.
El anuncio no sorprendió a nadie, ya que los principales grupos energéticos habían apoyado muy generosamente la campaña presidencial de Donald Trump, que desde entonces ha devuelto el favor a pesar de los riesgos para la salud de los estadounidenses.
Antes de la derogación de este texto, Trump había designado el carbón como recurso estratégico nacional el año pasado por decreto. También había ordenado un aumento de su producción e incluso liberado 700 millones de dólares para el mantenimiento de las instalaciones del sector y la modernización de las más envejecidas.
Esta flexibilización normativa, duramente criticada por las asociaciones de protección del medioambiente, se produce justo cuando Estados Unidos acaba de registrar el verano más caluroso de su historia y se enfrenta a una gran sequía.
Compartir esta nota