En El Salvador, más de 430 detenidos que murieron en diferentes cárceles no recibieron una condena por los delitos que las autoridades les atribuían, lo que “se traduce en una grave violación a los derechos humanos” de estas personas. Así lo denuncia la oenegé Socorro Jurídico Humanitario.
RFI conversó con José Artiaga, director de la ONG salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario para hacer una radiografía de las denuncias sobre tortura en las cárceles de El Salvador.
Bajo el régimen de excepción decretado en El Salvador, implementado en marzo de 2022 como una medida para combatir a las pandillas, se han realizado más de 83.000 detenciones, según cifras de Amnistía Internacional. Esta medida ha sido prorrogada consecutivamente, convirtiéndose, a ojos de organizaciones de derechos humanos, en una política de Estado que ha facilitado miles de detenciones arbitrarias y ha creado un ambiente de terror.
Las denuncias sobre la situación en las cárceles salvadoreñas son alarmantes. Testimonios de ex presos y familiares, junto con informes de organizaciones como Cristosal, describen un sistema penitenciario en el que supuestamente torturan y hay tratos crueles. Un informe de la ONG Cristosal documentó 153 muertes de reos bajo custodia estatal entre marzo de 2022 y marzo de 2023, de las cuales decenas presentaban signos de violencia. Los relatos de los supervivientes son escalofriantes: desde golpizas y descargas eléctricas hasta la obligación de comer del suelo y la negación de atención médica según documentó el diario El Faro.
El CECOT, la mega prisión de máxima seguridad inaugurada en 2023, es el epicentro de muchas de estas denuncias. Aunque el gobierno lo presenta como un símbolo de su mano dura contra el crimen, para muchos es un centro de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Las condiciones de hacinamiento son extremas, con celdas diseñadas para un número determinado de reclusos que albergan a muchos más.
Las cárceles de Mariona e Izalco no escapan a esta realidad. En Mariona, los testimonios hablan de celdas que son "cavernas" superpobladas. En Izalco, a pesar de que algunas fuentes oficiales lo presentan como un centro de rehabilitación, también se han denunciado traslados arbitrarios de presos en condiciones de salud delicadas.
En contraste, el Centro Penal de Santa Ana es presentado por el gobierno como un modelo de rehabilitación a través del "Plan Cero Ocio", donde los reclusos participan en actividades agrícolas y de manufactura. Sin embargo, el testimonio de un exrecluso que también estuvo en Mariona, menciona actos de tortura en una cárcel en Santa Ana, lo que sugiere una realidad más compleja que la narrativa oficial.
La crítica a esta política de seguridad tiene un alto costo. Abogados, defensores de derechos humanos y periodistas se han convertido en objetivo del gobierno.
El caso de Ruth López y el exilio de Cristosal:
La abogada Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, fue detenida en mayo de 2025, acusada de peculado (apropiación indebida de fondos del Estado) por hechos supuestamente ocurridos antes de su trabajo en la ONG. Cristosal y otras organizaciones de derechos humanos consideran su detención como un acto de persecución política por su trabajo investigando la corrupción gubernamental. López, reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2024, había impulsado denuncias sobre el uso irregular de fondos públicos y la falta de transparencia.
Cristosal “que es una institución de mucho prestigio, se ve obligada a salir del país porque ninguno de sus empleados se sienten seguros ya en el país”, recuerda el director de la ONG salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario, entrevistado para este informe y asegura que este caso se parece al de muchos que “en los últimos meses salieron del país como en estampida porque se dieron cuenta que estaban en listas que iban a ser detenidos”.
La presión sobre Cristosal, una de las principales organizaciones de derechos humanos del país, culminó con su salida de El Salvador en julio de 2025. Su director ejecutivo, Noah Bullock, afirmó que tuvieron que elegir "entre la cárcel o el exilio". La organización, que ahora opera desde Guatemala y Honduras, ha sido víctima de acoso, espionaje y campañas de difamación.
Periodistas en la mira y el éxodo de El Faro
El periodismo independiente también está bajo asedio. El periódico digital El Faro, conocido por sus investigaciones críticas, vio cómo gran parte de su personal se exiliaba a partir de mayo de 2025. La salida masiva se produjo tras recibir alertas sobre posibles órdenes de captura en su contra, luego de publicar reportajes que revelaron supuestos pactos del gobierno con pandillas. Para muchos periodistas, la detención de Ruth López fue un punto de inflexión que evidenció el riesgo de ejercer un periodismo no alineado con el discurso oficial.
La política de seguridad de El Salvador ha tenido repercusiones internacionales, como lo demuestran los casos de Kilmar Ábrego y los detenidos venezolanos.
Kilmar Ábrego, deportado por error:
Kilmar Ábrego García, un salvadoreño residente en Estados Unidos, fue deportado por error a El Salvador en marzo de 2025 y recluido en el CECOT. Sus abogados denunciaron que fue sometido a torturas físicas y psicológicas durante su detención. Tras una batalla legal que llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, Ábrego fue devuelto a territorio estadounidense, donde ahora enfrenta un proceso por supuesto tráfico de personas.
Los venezolanos del CECOT
Más de 200 migrantes venezolanos, deportados desde Estados Unidos, fueron encarcelados en el CECOT, acusados de pertenecer a la banda criminal "Tren de Aragua". Muchos de ellos no tenían antecedentes penales en Estados Unidos. Tras meses de reclusión en condiciones inhumanas, fueron liberados en julio de 2025 como parte de un canje por presos políticos y ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Testimonios de los liberados y sus familiares revelan los abusos y el sufrimiento padecido en la mega prisión salvadoreña.
“Hay diferentes organizaciones donde la gente acude para presentar sus denuncias. En el caso del del CECOP era bastante difícil porque no habían habido personas que salieran, solo entran pero no salen. Entonces, con la salida de los venezolanos se han logrado testimonios para ver qué es lo que pasa ahí adentro”, explica José Artiaga, director de la ONG salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario.
El gobierno de Nayib Bukele defiende su estrategia de seguridad como un éxito rotundo, asegurando que ha convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio. Las autoridades niegan las acusaciones de tortura y sostienen que se respetan los derechos humanos de los detenidos.
Sin embargo, la creciente cantidad de denuncias y el exilio forzado de quienes las investigan y visibilizan, plantean serias dudas sobre la narrativa oficial, por eso la ONG Socorro Jurídico Humanitario y otras organizaciones instan al gobierno salvadoreño a permitir el escrutinio independiente y a garantizar el debido proceso y los derechos fundamentales de todas las personas, incluidas aquellas privadas de libertad. “Ya se va conociendo el país, como el país donde hay una de las cárceles más crueles del mundo”, concluye el entrevistado.
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