En Chile, el sistema de deuda estudiantil permitió democratizar el acceso a la universidad, pero también llevó miles de personas a endeudarse sin poder reembolsar sus créditos que son muchas veces muy elevados. El Estado chileno debe entonces asumir estas deudas, y el actual presidente José Antonio Kast, con su lógica de estricto rigor fiscal, ha decidido frenar esa dinámica.
Son más de 500.000 las personas que no han cumplido con sus obligaciones de pago asociadas al Crédito con Aval del Estadol, lo que supone cuatro billones de dólares que el Estado tiene que asumir. El gobierno ofició entonces a la Tesorería general recaudar el dinero directamente en la cuenta de los deudores.
“Pueden pagarlo”
En las redes sociales surgieron varios videos donde la gente cuenta lo que ocurrió: “Tenía la cuenta en cero. ¡Me asusté! Dije me hackearon, me clonaron la tarjeta. Estoy de acuerdo en que las deudas se tienen que pagar, es la forma”, dice un usuario.
Hasta ahora el gobierno sostiene que se han concretado 1.500 embargos. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que “nosotros estamos cobrando a personas que tienen una situación en que pueden pagarlo y no lo están pagando. La línea de corte fue arriba de tres millones y medio de sueldo al mes”.
“Provocar temor”
Para la diputada de la oposición Beatriz Sánchez, esta ofensiva del gobierno tiene un objetivo bien preciso: “No es ir detrás de una recaudación masiva, es más bien un ejercicio de provocar temor y forzarlos a ir a la Tesorería a re-pactar. La idea que quiere dar el gobierno a través del ministro Quiroz es esta idea de gente que derrocha plata y no quiere pagar las deudas”, comenta.
Según un informe del 2022, el 70 % de los deudores cuentan con ingresos mensuales que son menores a 750.000 pesos, cuando sus deudas en muchos casos suman varios millones y siguen creciendo por los intereses.
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