La Fiscalía chilena ha decidido investigar después de que Radio Bío-Bío desvelara un informe de la Contraloría, el organismo encargado de auditar, en el que se revelaban irregularidades en el proceso de entrada de al menos 486 menores de edad entre 2024 y 2025.
¿Dónde están los menores?
“La Contraloría comienza esta investigación a raíz de las denuncias, y observa que tanto el visado de reunificación como los viajes de los menores no cumplían ciertos protocolos establecidos dentro del margen que ordena administrativamente la ley. Por ejemplo, las visas que se estaban entregando, había una flexibilización, es decir, documentos que eran fotocopias y que no había un registro concreto de que ese documento corresponda al niño que se estaba identificando en ese momento con la fotografía y con su huella dactilar”, detalla a RFI Néstor Aburto, el periodista que revelo la investigación.
A partir de 2014, Chile empezó a recibir una ola de inmigración haitiana y estos vuelos con menores se justificaban porque supuestamente iban a reunirse con sus familias. De momento se desconoce el paradero de la mayor parte de los niños. “La investigación apunta a poder establecer dónde están los menores. Se calcula que eran cerca de 400 niños que la Contraloría tiene acreditados, pero lo que sabemos hasta ahora es que hay que ampliar el radio del tiempo en que niños viajaron solos desde Haití, que correspondería a fines del año 2022 hasta el año 2025”, precisa Aburto.
¿Quién está detrás de estos vuelos?
La Fiscalía investiga quién o quiénes eran las personas que iban a bordo de los aviones con los niños. Se trata además, indica el periodista, de “saber quién pagó los aviones que salieron, que en un año aproximadamente fueron 11 aviones. Estamos hablando de un vuelo que cuesta entre 150, 180.000 dólares. La pregunta es: ¿cómo se financiaron estos vuelos? ¿Quién estuvo detrás de la contratación de estas aerolíneas para hacer estos viajes chárter? Y lo más importante, ¿quiénes eran los adultos que traían a estos niños y dónde se legalizaron los supuestos permisos?”.
“Se ha transformado en una de las investigaciones más sensibles probablemente que hemos visto de los estamentos públicos en Chile, luego de la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet”, concluye Néstor Aburto.
La Fiscalía ha decidido que este asunto merece una investigación aparte, para despejar si hubo delito o no en el traslado de estos menores, algo que han denunciado también organizaciones como UNICEF.
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