El gobierno de Chile, encabezado por el presidente José Antonio Kast, puso en marcha este jueves 16 de abril las primeras expulsiones de migrantes en situación irregular, cumpliendo así una de las principales promesas de su campaña electoral. En total, 40 personas fueron devueltas a sus países de origen —Colombia, Bolivia y Ecuador— a bordo de un avión de la Fuerza Aérea.
Según informaron las autoridades, 26 de los expulsados estaban sujetos a órdenes administrativas, mientras que otros 14 contaban con resoluciones judiciales. Las imágenes difundidas por el Ejecutivo mostraron el embarque de los migrantes en Santiago, en una operación que marca el inicio de una política que el gobierno promete intensificar.
El propio Kast había anticipado que este sería "el primero de muchos vuelos", en el marco de una estrategia que también incluirá expulsiones por vía terrestre. En la misma línea, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que se incrementarán tanto los vuelos como las salidas en autobús, aunque evitó precisar fechas o cifras por razones de seguridad.
El endurecimiento de la política migratoria forma parte del enfoque de "mano dura" impulsado por el mandatario, quien ha vinculado la migración irregular con el aumento de la criminalidad. En sus primeras semanas en el poder, el gobierno también inició la construcción de zanjas en las fronteras con Perú y Bolivia para frenar ingresos ilegales, además de suspender procesos de regularización de miles de extranjeros.
Sin embargo, expertos advierten que, por ahora, no hay un cambio sustancial respecto a administraciones anteriores. Durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric ya se realizaron miles de expulsiones, una práctica que continúa bajo la actual gestión.
La realidad de las cifras
Además, el alcance de estas medidas parece limitado frente a la magnitud del fenómeno. Se estima que más de 300.000 migrantes se encuentran en situación irregular en Chile, la mayoría de ellos venezolanos. Aun con un ritmo sostenido de expulsiones —por ejemplo, tres vuelos mensuales con 40 pasajeros—, apenas se alcanzaría a repatriar a una fracción de esta población en un año.
A ello se suma un obstáculo clave: la falta de relaciones diplomáticas con Venezuela desde 2024, lo que impide concretar expulsiones hacia ese país. Ante esta situación, el gobierno apuesta por fomentar salidas voluntarias, un proceso que ya ha llevado a miles de venezolanos a abandonar Chile desde finales de 2025.
En paralelo, el Ejecutivo planea enviar al Congreso proyectos de ley para tipificar el ingreso irregular como delito y sancionar a quienes lo faciliten, reforzando así su estrategia para contener la migración.
Aunque el gobierno insiste en que las expulsiones serán continuas, el desafío logístico, diplomático y político plantea interrogantes sobre la efectividad real de esta política en el mediano plazo.
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