Se trata de un polémico proyecto de ley, aún en discusión en el Parlamento, que busca acelerar los procedimientos de expulsión de indocumentados que viven en Chile, una de las principales promesas de campaña del ultraderechista José Antonio Kast.
Sin embargo, dicha medida ha generado oposición dentro de su propio gabinete, empezando por la ministra de Salud, ya que es vista como contraria a la ley y como una forma de impedir que los migrantes irregulares accedan a beneficios sociales, obligándolos a dejar el país.
El director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, alertó sobre los riesgos si se aprobara el proyecto: "Por un lado, no va a disminuir la migración irregular, sino hacer que se invisibilice y que las personas que están en situación irregular eviten acercarse a instituciones públicas y dependan más de redes informales para poder responder a sus necesidades de salud, así como para acceder a cualquier tipo de servicio que hoy día están pudiendo tener en espacios formales. Pero también va a generar un problema para el país en su conjunto, porque tener a miles de personas que están saliendo del sistema de salud, tener a miles de niños y niñas que no están asistiendo a establecimientos educacionales, no solamente afecta a esas familias, sino que afecta a todos. Hoy día, el principal desafío que tiene el gobierno de Chile es pasar de una política que apunta a cuestiones específicas, esporádicas y que son más efectistas que efectivas a una política migratoria que sea estratégica, integral, que no mire solo la frontera, sino que también mire qué es lo que está pasando en las ciudades, en las industrias productivas y qué está pasando en las comunidades".
La Defensoría de la Niñez chilena también ha mostrado su rechazo a dicha propuesta, que pondría en peligro a los menores, como lo plantea Ramaciotti.
"Impulsar este tipo de medidas con el foco en desincentivar la migración irregular o en poder controlar de manera más efectiva a las personas que están en situación irregular puede tener consecuencias graves en términos de la protección de la niñez y también en términos de la cohesión social del país. Pero si se establece una obligación para que los jardines infantiles, los colegios y los centros de atención de salud se vean forzados a entregar información respecto de ciertas personas, claramente eso implicaría usar la institucionalidad pública de protección social como una institucionalidad de control migratorio", sostiene.
El presidente Kast había prometido en campaña expulsar a más de 300.000 migrantes irregulares y, desde que asumió su mandato, ha impulsado la construcción de barreras contra el ingreso de inmigrantes en tres regiones del norte del país.
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