El jueves la oposición derribó el veto que Lula había impuesto a una ley que recorta las penas a todos los condenados por el intento de golpe de Estado de 2023, incluyendo a Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de cárcel.
No está claro de qué manera se rebajarán las penas, aunque diversos juristas apuntan que el expresidente podría pasar a libertad vigilada en un plazo de entre dos y cuatro años, y no en 2033, como estaba previsto inicialmente.
De cualquier forma, portavoces del Gobierno ya anunciaron que recurrirán la ley ante el Supremo, porque la consideran inconstitucional.
Precisamente en esta corte se sitúa el otro dolor de cabeza para Lula. Los senadores rechazaron esta semana al jurista que Lula había propuesto para cubrir una plaza, el abogado del Estado Jorge Messias.
Es algo que no ocurría desde hacía más de 130 años y que evidencia las malas relaciones entre Lula y el Congreso.
Los dos reveses llegan en un momento delicado, a menos de seis meses de las elecciones. Las encuestas señalan que hay un empate técnico entre Lula y el principal candidato de la derecha, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.
"Agradezco a los diputados y senadores por este regalo de cumpleaños tan especial, derribando el veto al proyecto de ley de la dosimetría", escribió en la red social X el senador Flávio Bolsonaro, cuyo cumpleaños coincidió con la histórica sesión.
La llamada "ley de dosimetría" puede favorecer con una reducción de la pena a Bolsonaro y también a ciudadanos presos por los hechos del 8 de enero de 2023.
Aquel día, manifestantes bolsonaristas destruyeron las sedes de los poderes públicos en Brasilia, en lo que la corte interpretó como parte del movimiento golpista.
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