Argentina da un nuevo paso en su disputa con el Reino Unido por las islas Malvinas. El Gobierno de Javier Milei ha acudido al Tribunal del Mar para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, que prevé comenzar a producir crudo en 2028. Con esta medida urgente se busca impedir que avance la explotación de hidrocarburos en la zona. Pero ¿qué posibilidades tiene de conseguirlo? Leopoldo Godio, experto en derecho internacional, nos explica los detalles para los micrófonos de RFI.
"Creo que las solicitudes de Argentina son muy buenas. Son muy razonables, están bien planteadas. El Tribunal de Mar va a hacer lugar a esas medidas de resguardo. Lo que sí que es necesario aclarar que en 8 casos anteriores, el Tribunal de Mar no siempre otorgó las medidas que le pidieron los estados", explica, e insiste en que estas medidas se pidan ahora para evitar que los recursos vivos no renovables se utilicen de manera irresponsable.
La solicitud se presentó este martes después de que venciera el plazo de dos semanas que Argentina había dado a Londres para que detuviera las actividades relacionadas con el proyecto. Argentina busca frenar el avance petrolero antes de que comiencen las perforaciones previstas para 2027.
Sea Lion está situado en la cuenca Malvinas Norte, y su inversión prevista ronda los 2.200 millones de dólares. Argentina sostiene que la explotación unilateral de esos recursos vulnera sus derechos sobre la plataforma continental y puede agravar una disputa de soberanía que lleva décadas enfrentando a ambos países. "De las relaciones desde el punto de vista formal no debería cambiar nada en los hechos. Esto claramente va a generar disconformidad, ya lo ha generado en el Reino Unido, posiblemente tenga repercusiones, elecciones del secretario general", insiste el experto.
Existe un obstáculo jurídico
La petición se basa en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Argentina solicita medidas provisionales, pero hay un obstáculo jurídico importante: el Tribunal del Mar no tiene competencia general para resolver disputas de soberanía territorial.
Londres, por su parte, defiende la legalidad de las licencias y sostiene que la solicitud argentina no suspende automáticamente las autorizaciones existentes.
La decisión del Tribunal podría ser determinante para el futuro inmediato del proyecto, aunque no resolvería por sí sola la disputa histórica por las islas. La batalla por las Malvinas suma así un nuevo frente: el de los recursos energéticos y el derecho internacional.
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