El miércoles 26 de agosto, Meta acordó pagar hasta US$18,000 millones para resolver las demandas de 48 estados estadounidenses, el Distrito de Columbia y tres territorios que acusaban a la empresa de diseñar intencionalmente plataformas capaces de enganchar a niños y adolescentes. La jueza federal Yvonne González Rogers, de Oakland, California, aprobó el acuerdo ese mismo día. Es el mayor pago en la historia de litigios por seguridad infantil en línea contra una sola empresa.
El juicio había comenzado apenas una semana antes. Cuatro estados, California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, pedían cerca de US$200,000 millones en sanciones. Meta cerró el caso sin admitir responsabilidad, pero se comprometió a cambios concretos: límites diarios de tiempo para usuarios adolescentes, bloqueos nocturnos y restricciones de notificaciones en horario escolar, bajo supervisión de un auditor independiente durante cinco años, analiza la rofesora asociada en Ciencias de la Salud, Universidad de Oviedo para The Conversation.
Lo que Meta sabía y no dijo
El caso no giró únicamente en torno a cuánto tiempo pasan los jóvenes en Instagram o Facebook. Según la BBC, el juicio se centró en la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), una ley federal de casi 30 años que prohíbe la recopilación de datos de menores de 13 años sin consentimiento parental. Los fiscales argumentaron que Meta recopiló esos datos durante años y mintió al público sobre los riesgos de sus plataformas.
Detrás de esa acusación hay algo más específico: el scroll infinito, la reproducción automática, los contadores de "me gusta" y los sistemas de recomendación personalizada no son accidentes de ingeniería. Son decisiones de diseño orientadas a maximizar el tiempo de permanencia en la plataforma. Y los documentos internos desclasificados durante el proceso revelaron que los ejecutivos de Meta conocían los efectos de esas decisiones sobre los usuarios más jóvenes.
La empresa facturó US$61,000 millones solo entre abril y junio de este año.
La ciencia detrás del debate
La evidencia disponible no permite afirmar que usar redes sociales cause depresión o ansiedad de forma directa. Una revisión sistemática publicada en JAMA Pediatrics, que analizó 143 estudios con más de un millón de adolescentes, encontró asociaciones entre el uso de redes sociales y síntomas emocionales internalizantes, aunque de magnitud pequeña. Otra revisión publicada en Clinical Psychology Review precisó que la frecuencia general de uso no se relaciona por sí sola con conductas autolesivas; las asociaciones más claras aparecen con la cibervictimización, el uso problemático y la exposición repetida a contenidos sobre autolesiones y suicidio.
Dicho de otro modo: no es lo mismo usar Instagram para hablar con amigos que recibir, hora tras hora, contenidos que un algoritmo aprendió a mostrar porque generan reacción. El problema no es la pantalla. Es lo que la pantalla decide mostrar.
El escenario dominicano
En República Dominicana, más de 7.2 millones de personas usaban activamente redes sociales en 2025, el 63% de la población, según datos citados por medios locales. El país también registra que más del 20% de su población presenta algún trastorno de salud mental, de acuerdo con estimaciones de la OMS y organismos nacionales.
El debate llegó al país con fuerza este año. Especialistas dominicanos advirtieron en febrero que plataformas como TikTok e Instagram se convirtieron en el principal espacio de validación social de los adolescentes, donde los "likes" y los seguidores inciden directamente en la autoestima. En julio, el INTEC presentó ante el Ministerio de Educación (MINERD) una propuesta para prevenir la ideación suicida en adolescentes, que el ministerio evalúa implementar en escuelas piloto.
Más allá de las familias
Durante años, la respuesta institucional al problema se dirigió a las familias: limitar el celular, supervisar contenidos, establecer horarios. Son medidas necesarias, pero insuficientes si se aplican solas. Pedirle a una familia que contrarreste, desde el salón de su casa, sistemas desarrollados por algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, capaces de analizar millones de interacciones y ajustar en tiempo real qué muestra a cada usuario, es una desproporción que el acuerdo del pasado miércoles vuelve difícil de ignorar.
La BBC señaló que el acuerdo con Meta podría acelerar el escrutinio legal sobre YouTube, TikTok y Snapchat, que enfrentan demandas similares. La Comisión Europea ya abrió casos específicos contra Meta, TikTok y Shein por presuntas infracciones a la Ley de Servicios Digitales mediante interfaces de diseño adictivo.
El fiscal general de California, Rob Bonta, lo resumió así al anunciar el acuerdo: "Este es un momento decisivo para limpiar una industria que ha estado dañando a nuestros hijos".
Meta, por su parte, negó cualquier responsabilidad y dijo que el pago refleja su "compromiso de largo plazo con el empoderamiento de los padres y el apoyo a los adolescentes". Luego pidió a TikTok y YouTube que adoptaran las mismas medidas.
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