En apenas tres meses, las nuevas políticas migratorias impulsadas por el expresidente de EE.UU., Donald Trump, han generado un efecto dominó en América Latina, sacudiendo tanto las dinámicas internas de los países receptores como las relaciones diplomáticas regionales.
Las medidas más recientes incluyen la revocación de permisos de trabajo y estatus legales a más de 530,000 personas originarias de Cuba, Haití y Venezuela, así como restricciones en la emisión de visados turísticos, estudiantiles y de negocios desde el pasado 9 de junio.
La aplicación de la ley “Alien Enemies Act” en marzo dio paso a deportaciones masivas de venezolanos, muchos de los cuales fueron trasladados sin juicio previo a centros de detención en El Salvador. Organismos de derechos humanos han condenado estas acciones, señalando posibles violaciones al debido proceso y al derecho internacional de los migrantes.
El impacto es palpable en Centroamérica. Panamá, Costa Rica y Honduras enfrentan una sobrecarga en sus sistemas de acogida ante el retorno masivo de migrantes, lo que ha generado tensiones sociales y desafíos humanitarios. Además, la política de “flujos inversos” ha dejado a numerosas comunidades migrantes en situación de extrema vulnerabilidad, sin acceso a servicios básicos ni oportunidades de integración.
Ante este escenario, varios gobiernos latinoamericanos han elevado protestas formales ante Washington y reclaman apoyo multilateral urgente, mientras la sociedad civil exige respeto a los derechos fundamentales.
En la República Dominicana, el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses ha significado un aumento en la cantidad de ciudadanos dominicanos repatriados. Al mismo tiempo, el país enfrenta un flujo migratorio sostenido desde Haití, exacerbado por la crisis humanitaria que atraviesa la vecina nación.
Como respuesta, el Gobierno dominicano ha intensificado el control fronterizo, acelerando la construcción del muro en la línea divisoria y fortaleciendo la infraestructura de vigilancia, siguiendo los lineamientos del presidente Luis Abinader. Estas medidas se dan en un contexto de llamados internacionales al respeto de los derechos humanos, especialmente ante reportes de deportaciones colectivas y barreras al acceso a servicios esenciales.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha instado al país a evitar prácticas que vulneren los derechos de personas migrantes, proponiendo la evaluación individual de cada caso y la articulación de una respuesta humanitaria coordinada con organismos multilaterales.
En medio de este tenso panorama, se celebrará en octubre el Congreso Internacional de Migración y Aliados (CIMA 2025), un evento sin precedentes que reunirá en Punta Cana a los principales profesionales del sector migratorio. Organizado por Elisa M. Veras, CEO de Migraconsul Academy, el congreso promete ser una plataforma de formación, innovación y empoderamiento, especialmente para mujeres migrantes latinas.
Del 16 al 19 de octubre, el Hotel Barceló Bávaro Palace Convention Center acogerá la presentación del software Ner Immigration AI, una herramienta de inteligencia artificial diseñada para transformar la práctica migratoria con eficiencia, ética y tecnología. El evento contará con la participación de más de 20 expertos internacionales, incluyendo abogados certificados de EE.UU., España y América Latina.
CIMA 2025 también marcará el inicio de una gira internacional que recorrerá ciudades de EE.UU., México y la República Dominicana, consolidando su papel como punto de encuentro esencial para quienes buscan escalar profesionalmente en el ámbito migratorio.
Compartir esta nota