“El gran desafío hoy no es solo preservar la democracia, sino hacer que funcione para todos y todas”, afirmó Max Puig este sábado, durante el acto conmemorativo del 33 aniversario de la Alianza por la Democracia (APD), celebrado en el Altar de la Patria. Donde, asimismo, destacó como correcta la decisión de la APD de formar parte de la actual alianza de gobierno con el PRM.
Puig advirtió que la desconexión entre las instituciones y las necesidades urgentes de la gente debilita la confianza pública. “Una democracia vacía, sin igualdad real ni participación efectiva, pierde legitimidad y sentido para la mayoría”.
Enfatizó en que la democracia dominicana no puede reducirse a estabilidad macroeconómica o cordialidad entre adversarios políticos. Para ser útil y perdurable, propuso, debe contener elementos sustanciales: participación ciudadana en la toma de decisiones, redistribución más justa del crecimiento económico, y representación efectiva de los diversos sectores sociales en las instituciones del Estado.
En ese contexto, llamó a aprender de las crisis que afectan a otros países de América Latina y el mundo. Advirtiendo que, si no se toman medidas profundas y audaces, la democracia dominicana corre el riesgo de convertirse en un “cascarón vacío” ante las mayorías.
En relación con la reciente aprobación del nuevo Código Penal por el Congreso Nacional, Puig expresó: “La APD observa con mucha preocupación cómo el Código Penal que el Congreso pretende sea promulgado se aleja de los principios de justicia y equidad. En vez de avanzar en la protección de los derechos de las mujeres, perpetúa vacíos legales y omisiones graves”.
Siguió diciendo: “La criminalización absoluta del aborto y la falta de una respuesta adecuada frente a la violencia de género representan un retroceso que como sociedad no debemos permitir. Un Código Penal que le abre las puertas de la impunidad a los corruptos y que es permisivo con la violencia ejercida contra mujeres y niños, no representa ningún avance. Lejos de ello, es un código que nos sigue manteniendo atado a criterios obsoletos que debimos haber superados hace ya mucho tiempo.”
Puig concluyó solicitando que el Poder Ejecutivo ejerza su facultad constitucional para observar dicha legislación. Reafirmó además el compromiso histórico de la APD con una democracia que no se limite a procedimientos formales, sino que sea una herramienta real de transformación social, justicia y garantía de derechos para las grandes mayorías.
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