El 24 de abril de 1965 se expresó la primera acción del contragolpe al gobierno del Triunvirato planeado por un grupo de militares organizados en el Movimiento Militar Constitucionalista que, con el fin de reponer a Bosch en la Presidencia de la República, lideraba el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. La señal de cambio fue dada en esa fecha por el capitán Mario Peña Taveras al someter en su despacho al general Marcos Rivera Cuesta, jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional. A seguidas, desde el programa Tribuna Democrática, José Francisco Peña Gómez llamó al pueblo a respaldar a los militares que buscaban el restablecimiento del orden constitucional, invocación que fue atendida sin demora.
La insurrección tuvo como conductor al coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, mientras que la Ciudad Colonial y entorno fueron sus principales centros de operaciones. Los primeros días de combate entre los constitucionalistas y los altos mandos militares que apoyaban el gobierno del Triunvirato y a la oligarquía del país, dirigidos por los generales Antonio Imbert Barreras y Elías Wessin y Wessin, fueron intensos hasta que, el 27 de abril, cayeron vencidos los segundos en la batalla del Puente Duarte.
Todo indicaba que la reposición del presidente Bosch sería en poco tiempo, que era inevitable el jaque mate a los que le dieron el golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963. Pero, a partir del 28 de abril, la lucha que enfrentaba a fuerzas locales se convirtió en guerra patria con el desembarco de unos 500 marines de los 42,000 autorizados por el presidente norteamericano Lyndon B. Johnson. Las causas aparentes de esta intervención eran salvar la vida de sus connacionales establecidos en Santo Domingo y evitar una nueva Cuba en el país. La real y única, era impedir el retorno de Juan Bosch a la Presidencia.
Dos días después de la intervención militar llegó el embajador John Barlow Martin con el encargo de hacer menos visible la injerencia norteamericana en el país. Para eso creó el Gobierno de Reconstrucción Nacional, puso como presidente títere al general Antonio Imbert Barreras e integró algunos miembros de la Unión Cívica Nacional como funcionarios. Su contraparte fue el Gobierno Constitucional presidido por el coronel Caamaño desde inicios de mayo.
Los efectos de la segunda intervención militar directa de los Estados Unidos en el siglo XX, de la camuflada a través de la creación de la Fuerza Interamericana de Paz y de los operativos militares contra la población indefensa ordenados por Imbert Barreras, -que no se olviden los estragos de la Operación Limpieza-, llevaron al Gobierno Constitucional a la mesa de negociones con el país invasor representado por la Organización de Estados Americanos (OEA). La comisión negociadora dominicana estuvo presidida por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, presidente constitucional; Héctor Aristy, ministro de la Presidencia; Jottin Cury, secretario de Relaciones Exteriores; Salvador Jorge Blanco, procurador general de la República; Aníbal Campagna, presidente del Senado; y Antonio Guzmán Fernández. Por la OEA participaron José A. Mora, su secretario general, y los embajadores Ilmar Penna Marinho (Brasil), Ellsworth Bunker (Estados Unidos).
Estas reuniones contaron con los servicios taquigráficos de Víctor Bordas Valdez, y se desarrollaron en el Salón de Conferencias del edificio Copello, sede del Gobierno Constitucional. Sus actas, fuente en que se apoya esta versión de SINOPSIS, fueron editadas y publicadas en 2007 por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias.
El primer ciclo de reuniones fue celebrado entre el 10 de junio y el 8 de julio de 1965. Para los constitucionalistas, la prioridad del debate debía ser la defensa de la reposición de la Constitución de 1963 y el respeto a los derechos del pueblo, mientras que la OEA, con el embajador Bunker como figura protagónica, asumió sin reservas la defensa de los militares conservadores a las órdenes del general Imbert Barreras y los mandos subalternos. En la tercera reunión, celebrada el 30 de junio, el presidente Caamaño planteó el reingreso de los militares constitucionales con sus rangos y la salida de la Fuerza Interamericana de Paz. Por su parte, el embajador Bunker exigió el aislamiento de los militantes del Movimiento Revolucionario 14 de Junio por ser comunistas, según él; y defendió la necesidad de elegir un gobierno provisional con la aprobación de ambas partes basado en el sistema presidencial, pero sin vicepresidente.
El embajador de los Estados Unidos explicó que la persona a elegir como presidente provisional no podía estar vinculada a ninguno de los bandos en pugna, algo prácticamente imposible; tener habilidad, competencia y experiencia; y ser conocida en el país y en el extranjero. Presentó como la persona más indicada a Héctor García Godoy, pero, dada su condición de pariente de Ramón Cáceres Troncoso, miembro del Triunvirato, fue rechazado por Héctor Aristy y demás miembros de la comisión dominicana. Como desmonte al perfil señalado por Bunker, quizá como sarcasmo, Jottin Cury agregó que había visto a su candidato por primera vez apenas hacía unas horas. Sin embargo, los constitucionalistas no lo objetarían como vicepresidente si Antonio Guzmán Fernández ocupaba la presidencia.
En las reuniones celebradas los días 1, 5, 6 y 7 de julio, ante el rechazo tajante de Antonio de Guzmán, los comisionados constitucionalistas propusieron como candidatos a Virgilio Díaz Grullón, Salvador Sturla hijo, Homero Hernández Almánzar, Eduardo Read Barreras, Rafael Alburquerque Zayas Bazán, Félix Goico y a Marcelino Vélez Santana. Contra esta lista, Bunker mantuvo a Héctor García Godoy como su candidato, no tuvo otro, confirmando así que se trataba de una imposición de los Estados Unidos. Su rechazo a los demás resultaba humillante, pues entendía que unos carecían de la experiencia y la altura necesarias, otros no contaban con estatura ni carácter y, los menos, podían calificar para la vicepresidencia o el cargo de ministro.
La rigidez del embajador Bunker llevó al coronel Caamaño a convocar una reunión ampliada con el propósito de escuchar las fuerzas políticas que apoyaban el regreso al orden institucional. La misma se llevó a cabo el 8 de julio y tuvo como invitados a Arévalo Cedeño Valdez, presidente de la Cámara de Diputados; Andrés Lockward, por el Partido Revolucionario Social Cristiano; Ramón Gabriel Ledesma Pérez, por el Gabinete Ministerial Constitucionalista; Juan B. Mejía hijo, por el IJ4; Pablo Rafael Casimiro Castro, por el Senado de la República; teniente coronel Juan María Lora Fernández, por el Estado Mayor del E.N.; y José Francisco Peña Gómez por el Partido Revolucionario Dominicano.
Ante la Comisión Negociadora ampliada, en nombre del Gobierno Constitucional, Salvador Jorge Blanco planteó la inflexibilidad de los Estados Unidos en cuanto a la aceptación de un gobierno provisional a su estilo o correr la suerte de los efectos que traería la radicalización de la guerra. Expresó que el mando constitucionalista no tenía objeción en aceptar el binomio García Godoy como presidente y Eduardo Read Barreras como vicepresidente, pero que debía escuchar si la aceptaban o no.
Precedidas de las argumentaciones de lugar, las delegaciones de los partidos Revolucionario Social Cristiano y el 1J4 rechazaron la fórmula referida; el coronel Juan Ma. Lora Fernández se abstuvo de votar por su condición de no deliberante; votaron sí, los representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, junto al comisionado por el Gabinete Ministerial Constitucionalista.
El cuarto voto aprobatorio de la fórmula García Godoy – Read Barreras fue dado por José Francisco Peña Gómez en nombre del Partido Revolucionario Dominicano. Su decisión estuvo precedida de una exposición brillante y llena de valor. Tenía la percepción o el convencimiento de que cambiar el arbitraje de la OEA por el de Naciones Unidas daba igual, pues ambas obedecen los dictámenes de los Estados Unidos; de que había bajado la moral de los combatientes constitucionalistas y que el cansancio se apoderaba del pueblo, disminuido por el ambiente de guerra, las atrocidades del Gobierno de Reconstrucción Nacional, el hambre, la falta de techo y de los robos cometidos por los famosos "incontrolables".
Ante la dirección militar de la guerra, expresó que la situación demandaba poner los principios primero, los hombres después; que no era posible hurgar en el pasado porque no hay dominicano inmaculado, y mandó a recordar que San Pablo fue perseguidor de Cristo antes de convertirse en el primero de los Apóstoles. En este argumento se apoya para decirles a los asambleístas, y aquí reside su valor, que no veía diferencias entre García Godoy y los postulados por la Comisión Negociadora local, que son linajudos e hijos, pero no necesariamente responsables del pasado. En su oratoria vibrante, expresó: Ahora valen los principios, no los hombres ni su procedencia. En tal virtud, dijo sí a un gobierno provisional que debía comprometerse a respetar las libertades públicas, ordenar el regreso de todos los exiliados, respetar la libertad ideológica, mantener la soberanía nacional, reintegrar a los militares constitucionalistas respetándoles sus rangos, garantizar la participación electoral a todos los partidos políticos y sacar del país a la Fuerza Interamericana de Paz, y yo agrego: a los marines yanquis, a la OEA y sus mecanismos injerencistas. Lamentablemente, convertido en presidente provisional, García Godoy, comprendió al revés lo defendido por José Francisco Peña Gómez en nombre del pueblo dominicano. ¿Anidaron allí las semillas que condujeron a playa a Caracoles?
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