El dirigente opositor Aristipo Vidal, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuestionó la actuación del Gobierno ante la disputa entre las estaciones de combustibles y los bancos por las comisiones aplicadas a las transacciones con tarjetas, y advirtió que los consumidores terminan asumiendo las consecuencias del conflicto.
El secretario de Industria, Comercio y Mipymes del PLD acusó al Gobierno de actuar con negligencia frente al conflicto y señaló expresamente al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y a la Superintendencia de Bancos como las instituciones que, a su juicio, han mostrado indiferencia ante una disputa que podría tener una solución y que termina afectando a los consumidores.
La disputa por las comisiones
El conflicto tiene como uno de sus puntos centrales el costo de las comisiones que los bancos aplican a las estaciones de combustibles por las transacciones realizadas mediante tarjetas.
La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas), citada por Vidal, sostiene que las comisiones oscilan entre 1.95 % y 2.50 % por transacción.
Los detallistas cuestionan el impacto de esos cargos sobre sus operaciones y han reclamado atención a la situación.
Vidal sostuvo que se trata de una disputa entre la banca y los propietarios de estaciones de combustibles cuyos efectos terminan trasladándose al público consumidor.
El uso de efectivo como preocupación
Uno de los argumentos planteados por el dirigente del PLD es el riesgo que implica para los consumidores tener que disponer de dinero en efectivo para pagar el combustible.
Entre los riesgos que mencionó están la posibilidad de ser víctimas de delincuencia, la pérdida del dinero y otros inconvenientes asociados al manejo de efectivo.
Para Vidal, la falta de una respuesta de las autoridades mantiene a los consumidores en medio de un conflicto que no provocaron.
Un conflicto con impacto en los pagos cotidianos
La controversia involucra a dos sectores directamente vinculados con una actividad de consumo cotidiano: las entidades financieras que procesan los pagos electrónicos y las estaciones que comercializan combustibles.
Mientras las partes mantienen sus diferencias sobre el costo de las transacciones, la discusión adquiere una dimensión adicional cuando las alternativas de pago disponibles para los consumidores se reducen.
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