La muerte de una adolescente haitiana en un hogar de CONANI, estrangulada por tres compañeras internas, estremeció a la sociedad dominicana. Pero este crimen no puede entenderse como un hecho aislado ni como un simple fallo institucional. Es la expresión más cruda de un clima social de odio que se ha venido gestando y normalizando en los últimos años, hasta convertirse en parte de la vida cotidiana.
La violencia que terminó con la vida de esta adolescente tiene raíces profundas en discursos y prácticas de odio hacia la población haitiana. Estos discursos se han intensificado con las deportaciones masivas implementadas y recrudecidas desde octubre 2024, que no solo afectan a quienes son expulsados, sino que reconfiguran el imaginario social dominicano. En ese imaginario, ser haitiano se asocia a amenaza, inferioridad o deshumanización, y la piel negra se convierte en un marcador de sospecha. Esta lógica se reproduce en las calles, en las escuelas, en los servicios públicos y también en los hogares de protección.
El país ha ido naturalizando expresiones de violencia verbal, psicológica y simbólica que antes generaban escándalo y hoy pasan desapercibidas. En espacios públicos se escucha con frecuencia “vete para tu país”, mientras dominicanos de piel negra deben justificar su nacionalidad para evitar agresiones. El miedo se ha convertido en un mecanismo de control social, y la discriminación se ha vuelto parte del paisaje. En las escuelas, el bullying y la exclusión hacia niños, niñas y adolescentes con piel negra se han incrementado, independientemente de su nacionalidad. Este clima de hostilidad penetra las instituciones y moldea comportamientos, percepciones y reacciones. Cuando una sociedad normaliza el odio, la violencia deja de ser excepcional.
El crimen ocurrido en CONANI es una manifestación de este contexto. Las adolescentes agresoras no actuaron en el vacío. Actuaron dentro de un marco simbólico donde la violencia contra personas haitianas es aceptada, celebrada o invisibilizada. El hogar de protección, lejos de ser un espacio aislado, reproduce las tensiones y prejuicios que circulan en el país. La deshumanización se aprende, se repite y se ejecuta.
Este caso se conecta directamente con la muerte de Stephora, la niña haitiana de once años que murió ahogada frente a docentes y estudiantes que no hicieron nada para salvarla. Stephora vivió discriminación en su escuela y murió en un entorno donde la empatía fue anulada por el racismo. La adolescente asesinada en CONANI vivió en un país donde el odio racial se ha vuelto cotidiano. Ambas muertes forman parte de la misma estructura de violencia, sostenida por discursos oficiales, políticas de deportación y prácticas sociales que legitiman la exclusión.
Cuando el Estado promueve o tolera acciones que deshumanizan a un grupo, la sociedad aprende a reproducir esa deshumanización. Las deportaciones masivas, la retórica de amenaza y la falta de sanciones claras ante actos discriminatorios han contribuido a un clima donde la violencia se percibe como legítima. En este contexto, los derechos humanos no se ejercen de manera plena ni igualitaria. La discriminación racial, la xenofobia y la violencia institucionalizada erosionan la democracia y ponen en riesgo la convivencia social.
Transformar esta situación requiere una voluntad política real. Implica revisar las políticas migratorias y detener prácticas que fomentan el odio; implementar programas educativos antirracistas; fortalecer los sistemas de protección con enfoque de derechos humanos; y reconocer públicamente el racismo estructural como un problema nacional. Sin este reconocimiento, cualquier intento de reforma será superficial.
Las muertes de Stephora y de la adolescente en CONANI no son accidentes ni tragedias aisladas. Son el resultado directo de una sociedad que ha permitido que el odio se convierta en norma. Son muertes anunciadas por un país que necesita urgentemente mirarse al espejo y decidir si seguirá reproduciendo violencia o si apostará por la dignidad, la igualdad y la vida.
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