El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ha conmocionado profundamente a Colombia. No se trata solo de un hecho violento contra una figura política: es un disparo directo al clima democrático del país, ya polarizado por la crispación electoral. En medio del desconcierto nacional, la reacción inmediata de sectores de la derecha ha sido tan agresiva como calculada: en vez de llamar a la mesura o esperar la acción de la justicia, se han apresurado a responsabilizar al presidente Gustavo Petro, sin prueba alguna.
Esta narrativa no es nueva. Cada vez que las fuerzas progresistas avanzan hacia la unidad o consolidan una opción de poder, emergen operaciones de desestabilización, violencia o manipulación. Esta vez, el ataque ha sido instrumentalizado con una rapidez impresionante, en un intento evidente por frenar el proceso de articulación entre sectores populares, sociales y de izquierda que se proyectan como fuerza política para 2026. No es solo un atentado: es una jugada política con múltiples fines.
Del correísmo en Ecuador al petrismo en Colombia
Las semejanzas con lo ocurrido en Ecuador en 2023 son alarmantes. En aquel momento, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue atribuido —sin pruebas y con descarada sincronía mediática— al expresidente Rafael Correa. Aunque nunca se demostró responsabilidad del correísmo, el daño político fue profundo: la candidata de ese sector fue afectada gravemente, y la derecha logró capitalizar el miedo para cerrar el paso a un proyecto transformador.
Hoy, la derecha colombiana pretende reeditar esa misma estrategia. Basta observar cómo precandidatos y figuras del uribismo han salido a vincular al presidente Petro con el ataque a Miguel Uribe Turbay, construyendo una narrativa que apunta a criminalizar al adversario, deslegitimar el gobierno y reposicionarse electoralmente. El objetivo es claro: crear un clima emocional desfavorable al progresismo y alimentar la desconfianza hacia el proyecto de cambio que representa Petro.
¿A quién beneficia este atentado?
En política, no siempre hay que buscar a los culpables en lo evidente, sino preguntarse quién gana con el crimen. Es evidente que el gobierno de Gustavo Petro no obtiene ningún beneficio del atentado. Al contrario, este hecho debilita la estabilidad institucional, fractura el discurso de paz total y lo coloca bajo sospecha en plena construcción de alianzas políticas de cara al 2026. Tampoco la izquierda, que ha sido históricamente víctima de la violencia política, puede sacar provecho alguno de esta tragedia.
En cambio, los sectores de la derecha más radicalizados han utilizado el hecho para posicionarse en el centro del debate político, reactivar a sus bases con un discurso emocional y perfilar a sus precandidatos como víctimas heroicas. Además, buscan cohesionar su interna —dividida hasta ahora— bajo la bandera de la “seguridad” y el “orden”, con lo que entienden podrían debilitan el ascenso del bloque progresista que se articulaba en torno al presidente Petro.
Una historia de sangre política
La historia política de Colombia está teñida de sangre. Pero no cualquier sangre: la de líderes populares, sindicalistas, candidatos alternativos, defensores de derechos humanos y militantes de izquierda. Jorge Eliécer Gaitán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, Manuel Cepeda, y tantos otros, fueron asesinados sin que la derecha jamás asumiera responsabilidad alguna ni mostrara verdadero dolor. La violencia política ha tenido una dirección muy definida, y esa dirección no ha sido precisamente desde la izquierda hacia la derecha.
La victimización que hoy intenta construir el uribismo contrasta con décadas de silencio cómplice ante los crímenes contra líderes sociales. La derecha colombiana ha convivido históricamente con el paramilitarismo, la represión estatal y la criminalización del pensamiento alternativo. Pretender ahora erigirse como víctima moral del país resulta, cuando menos, ofensivo para la memoria colectiva y para la verdad histórica. La sangre que mancha las manos del poder no ha sido la de sus propios líderes, sino la de sus opositores.
El padre de Miguel Uribe: Una voz distinta desde el dolor
En medio de la utilización política del atentado, ha surgido una voz serena y profunda: la de Miguel Uribe Senior, padre del senador herido. Lejos de la furia electoral, su mensaje ha sido un llamado a la reconciliación. Recordó que Colombia ha derramado demasiada sangre en casi dos siglos de historia, y que este hecho debería servir como punto de inflexión para no repetir los errores del pasado. Sus palabras no buscan venganza, sino paz.
“Que esta sangre derramada no sea usada para el odio”, dijo en una declaración pública que contrasta con el oportunismo de otros actores. Su posición digna y humana interpela a toda la clase política y marca un claro deslinde entre quienes buscan curar las heridas del país y quienes pretenden aprovecharlas electoralmente. Su mensaje debería ser escuchado con atención, especialmente por quienes han hecho de la muerte ajena una plataforma de campaña.
Miguel Uribe 2.0: farsa bandera o manipulación
El título de este artículo, “Uribe Turbay 2.0”, alude no a la persona, sino a la operación política que se ha construido en torno a él. Como en la lógica de una “versión dos puntos cero”, se trata de una reedición de un viejo guion: usar el atentado como punto de partida para criminalizar a la izquierda, intervenir el debate público con mentiras y alterar el rumbo electoral. No es Miguel Uribe el que está detrás de esa estrategia, sino quienes se benefician de que su sangre —afortunadamente no fatal— sirva de palanca política.
Lo que está en juego no es solo la imagen de Petro, ni siquiera las elecciones del 2026. Lo que se disputa es el derecho del pueblo colombiano a construir un proyecto de país sin chantajes, sin miedo, sin violencia. Si se impone la lógica de la manipulación, habremos retrocedido décadas. Pero si se impone la razón y la conciencia, quizás esta vez el ciclo se rompa.
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