La reciente firma del convenio entre la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo representa una oportunidad extraordinaria para fortalecer las capacidades de prevención, transparencia e integridad del Estado dominicano.
Este acuerdo parte de una premisa valiosa: las reformas deben construirse sobre bases técnicas, el Estado no debe actuar aislado y la sociedad civil puede ser coproductora de mejores instituciones. Su éxito dependerá de la transparencia, pluralidad y publicación de los estudios y recomendaciones que genere.
Bajo esa visión, diversos ciudadanos promovemos que una de las primeras iniciativas del convenio sea el diseño de una Plataforma Nacional de Inteligencia Financiera y Administrativa del Estado, construida con la participación permanente de órganos de control y sociedad civil.
En lugar de partir de cero, proponemos retomar y encauzar la iniciativa de la Cámara de Cuentas: el Centro de Inteligencia, Monitoreo Efectivo y Prevención (CIMEP), luego denominado Dirección de Inteligencia, Monitoreo Efectivo y Preventivo (DIMEP). Su objetivo era desarrollar inteligencia institucional, interoperabilidad y monitoreo preventivo en tiempo real mediante tecnología y análisis de datos, con alertas tempranas sobre riesgos en contrataciones, cruces de bases de datos y seguimiento presupuestario.
Con este fin, realizamos solicitudes de acceso a la información pública. Las respuestas confirmaron la transferencia de RD$500 millones, la existencia de un certificado financiero y adquisiciones tecnológicas. Esto nos lleva a la pregunta clave: ¿Qué ocurrió con el proyecto? ¿En qué fase está? ¿Qué capacidades se desarrollaron realmente y qué infraestructura permanece disponible para servir de base a una plataforma nacional?
Aún quedan aspectos por aclarar, como la correspondencia entre partidas presupuestarias y ejecuciones, el estado del certificado financiero y el cumplimiento real de los objetivos. Estas observaciones no son un juicio anticipado. Al contrario, la Cámara de Cuentas, como órgano constitucional de control, está en la mejor posición para completar esta información y contribuir a la transparencia.
El valor real no está en revisar el pasado, sino en aprovechar lo construido para crear una plataforma efectiva de prevención y control.
La experiencia internacional lo confirma: los países más avanzados en integridad pública invirtieron en interoperabilidad y análisis de datos en tiempo real. Colombia fortaleció el seguimiento de contrataciones públicas; México integró información en su Plataforma Digital Nacional; y Estonia se convirtió en referente mundial con interoperabilidad segura entre instituciones. El resultado común ha sido detección temprana de riesgos, mayor transparencia y mejor gestión pública.
República Dominicana no necesita empezar de cero. Debe evaluar objetivamente la experiencia del CIMEP/DIMEP, recuperar lo útil, corregir lo necesario e integrarlo en una verdadera Plataforma Nacional de Inteligencia Financiera y Administrativa, que interconecte la Cámara de Cuentas, Contraloría General, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Dirección General de Presupuesto, Tesorería Nacional, Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, Unidad de Análisis Financiero, Ministerio Público y demás entidades de control.
Con ese propósito enviamos comunicaciones a FINJUS y a Participación Ciudadana y Centro Juan XXIII. Estamos convencidos de que esta iniciativa solo prosperará mediante diálogo, consenso y colaboración permanente entre Estado y sociedad civil.
Este artículo no cierra una discusión, la abre. Invitamos a FINJUS y a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a adoptar esta propuesta como una de las primeras iniciativas concretas del convenio y a convocar, en las próximas semanas, una mesa técnica con los actores relevantes para evaluar los activos del DIMEP y definir una hoja de ruta clara.
El país necesita una herramienta capaz de anticiparse al riesgo, detectar anomalías y actuar antes de que el daño ocurra. Las grandes transformaciones institucionales no comienzan cuando el Estado tiene todas las respuestas. Comienzan cuando el Estado y la sociedad civil deciden construirlas juntos.
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