La historia de los pueblos no se escribe únicamente con los hechos que viven, sino con las decisiones que anticipan. Hoy, la República Dominicana se encuentra frente a uno de esos momentos en los que el porvenir exige más que entusiasmo tecnológico: exige conciencia ética, visión de Estado y responsabilidad legislativa.
La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad que permea la vida cotidiana. Hemos afirmado con gran convicción que la IA no es un tema de futuro, sino de un presente que demanda atención urgente, y debemos dejar de verla como algo que pertenece al mañana. Está ya en los sistemas de salud, en los procesos educativos, en la gestión pública y, cada vez más, en los mecanismos que inciden sobre la democracia. No es, por tanto, un asunto técnico. Es, esencialmente, un asunto humano.
En el ámbito educativo, el Consejo Nacional de Educación, en su sesión del 10 de marzo de 2026, aprobó mediante Ordenanza la Estrategia Nacional de Educación Digital, saldando una deuda histórica del sistema educativo dominicano. Esta estrategia responde a la necesidad, evidenciada de manera crítica durante la pandemia de COVID-19, de integrar de forma efectiva las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, garantizando la continuidad educativa en contextos de crisis.
Hoy, el Senado de la República conoce una propuesta de Ley de Educación Digital y Alfabetización Tecnológica. Paralelamente, se encuentra en discusión la necesidad de una normativa sobre inteligencia artificial con fundamento ético. A primera vista, la coexistencia de estas iniciativas podría parecer confusa. No lo es.
Se trata, en realidad, de niveles distintos de regulación. La ley de educación digital corresponde al ámbito sectorial educativo y podrá, incluso, articularse en el marco de una futura actualización de la Ley General de Educación, en el contexto de la transformación integral del sistema educativo dominicano. Por su parte, una ley sobre inteligencia artificial debe concebirse como una ley marco de carácter transversal, que oriente su desarrollo y aplicación en todos los sectores de la vida nacional.
En consecuencia, una normativa de educación digital no sustituye ni compite con una futura ley marco de inteligencia artificial. De igual manera, no contraviene la Estrategia Nacional de Educación Digital ya aprobada, sino que puede fortalecerla, dotándola de respaldo jurídico y sostenibilidad institucional.
Por eso, junto a la atención que hoy se le brinda al proyecto de Ley de Educación Digital y Alfabetización Tecnológica, se vuelve impostergable construir una normativa ética que regule el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en nuestro país. No como un freno al progreso, sino como su guía.
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