El pasado 3 de enero ocurrió un hecho extraordinario en Latinoamérica: EEUU llevó a cabo un ataque militar contra Venezuela que desembocó en una rápida extracción del presidente de aquel país hacia un buque de guerra ubicado en el Caribe, según las informaciones disponibles. Desde allí, Nicolás Maduro fue trasladado, junto a su esposa, Cilia Flores, a Nueva York en condición de encartado, a fin de comparecer por ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de dicha ciudad.
El evento no es inédito y ocurrió precedido de una serie de acciones que el gobierno de Donald Trump ejecutó como preludio de la denominada “Resolución Absoluta”, tales como aproximaciones de naves de guerra en la zona del Caribe, ataques a lanchas sospechosas, bloqueo de espacios aéreos y ultimátums de cumplimiento. A pesar de todo ello, el escepticismo ante una posible acción militar de EEUU era latente; nadie esperaba que el inmenso país fuera capaz de emplear un ataque militar a la vieja usanza que diera al traste con la cabeza de un gobierno a todas luces indeseado.
La reacción del mundo exterior fue, en principio, de estupor. Los noticieros amanecieron informando la conmoción, mientras el mundo testificaba, atónito, cómo EEUU fue capaz de neutralizar las defensas aéreas de un país y capturar a un presidente en pocas horas, catalogándose el acto como una operación relámpago, de alta precisión y corta duración. Con ello quedó en evidencia algo fundamental: la capacidad militar del que hasta ahora se considera el país más poderoso del mundo. Ese poder, esa capacidad de operar militarmente fue presumida por su presidente en la conferencia de prensa ofrecida horas después con motivo de la captura, asegurando que la operación sirvió para demostrar la fuerza y eficiencia del ejército estadounidense, el cual evidenció estar en capacidad de capturar a un mandatario en su propio territorio.
Frente a aquel acontecimiento, los venezolanos radicados en el exterior celebraron el hecho como si se tratara de un evento de liberación nacional o como si lo que puede considerarse una interferencia forzosa en los asuntos nacionales fuera, más bien, el derrocamiento de un déspota repudiado por todos. Parece ser que el hastío de los venezolanos es tan grande que están dispuestos a pagar con su petróleo el haberse librado de un gobernante de facto. Parece que, en circunstancias como esas, no se piensa en el precio ni mucho menos en las consecuencias, sino en la solución inmediata del problema.
Nadie fuera de Venezuela puede juzgar el sentimiento de ese pueblo, pues solo ellos saben lo que han vivido durante los años de gobierno de Nicolás Maduro y solo ellos resultan acreedores del derecho a sentir y a determinar su destino.
Sin embargo, las acciones de EEUU, así como los pronunciamientos de la máxima autoridad de aquel país, devienen en advertencias que no deben pasar desapercibidas por la parte latinoamericana del continente. Frente a los eventos ocurridos a principios de este mes, desde Mar-a-Lago, en Florida, tomó forma una visión parcializada del continente que retrotrae la añeja Doctrina Monroe, pero con matices deformados que desnaturalizan su esencia doctrinal.
De EEUU debemos celebrar su preocupación por el orden democrático en la región y por el asentamiento de estructuras criminales que comercian con sustancias nocivas y que van a parar, en enormes cantidades, al propio territorio estadounidense. No obstante, debemos ser cautelosos con las intenciones de aquella visión aparentemente noble, pues América es un continente compuesto por países y civilizaciones independientes, que tienen el derecho de coexistir en un clima de respeto mutuo e independencia funcional, administrando sus recursos para el beneficio exclusivo de sus habitantes, con el orden correspondiente a cada país.
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