Recientemente, en la feria turística FITUR, el ministro de Turismo dominicano hizo un curioso planteamiento exhortando a que “los turistas que quieran ir a abusar de niños se vayan a otro país, no a República Dominicana”. Prosiguió enfatizando que se procederá a “las redadas y las intervenciones necesarias: en Sosúa y en los polos turísticos”.
Estas declaraciones demuestran desconocimiento sobre el complejo tema de la explotación sexual infantil y no toman en cuenta el hecho que si hay un turismo sexual es porque hay oferta, en este caso, en el país.
Reiteramos, como lo hemos venido haciendo desde hace años, que el abuso contra los niños, niñas y adolescentes es todavía parte intrínseca de la situación de pobreza y de las prácticas culturales que la han acompañado, así como de la banalización del abuso que ha permeado muy hondo en la sociedad dominicana, provocando normalización e impunidad.
Las niñas, las mujeres y también los niños en situación de vulnerabilidad, son las víctimas de consumidores tanto de aquí como del extranjero.
La explotación de niños, niñas y adolescentes a través de la prostitución se justifica todavía como forma de subsistencia en el imaginario colectivo de muchas comunidades. Esto explica, en parte, que se considere todavía como algo normal ver a un turista caminar con una menor en Boca Chica o Sosúa sin ninguna reacción.
Respecto a esto se debe recalcar que la vulnerabilidad de las adolescentes de ascendencia haitiana y de las apátridas tiene todavía menos dolientes y estas afrentan a menudo situaciones críticas.
Nuestra sociedad machista y adulto centrista cosifica las niñas, las encarrila desde chiquitas hacia el papel de la pequeña mujer del hogar y normaliza desde temprano la violencia contra las mujeres.
Los abusos sexuales e incestos no salen a la luz y son encubiertos a menudo por la misma madre y el vecindario. La violencia intrafamiliar que culmina en los numerosos feminicidios que estremecen la opinión pública afecta a las niñas y adolescentes que procuran salir de la casa a como dé lugar o son a menudo echadas de su hogar cuando son sexualmente activas. Estas situaciones obligan a las chicas a “buscársela en la calle” para lograr su sustento o a quedar embarazadas para caer en la dependencia de una pareja.
El matrimonio infantil y las uniones tempranas a cambio de beneficios económicos para la familia es pan nuestro de cada día y hace parte de la cosmovisión imperante; frena los esfuerzos para combatir la pobreza, aumenta la desigualdad y transmite esas condiciones a las generaciones futuras.
La República Dominicana ha ratificado la mayoría de los convenios internacionales relacionados con la lucha contra la explotación sexual de NNA. Sin embargo, si bien la legislación nacional ha ido evolucionando no existe un plan de acción nacional para luchar contra este fenomeno que encontramos en todos los lugares donde se concentra la pobreza y la necesidad.
Los instrumentos jurídicos, si bien son indispensables, no son suficientes para la erradicación de las malas prácticas y para cualquier cambio significativo se necesita educación y participación proactiva de la colectividad.
Para luchar contra estos flagelos no basta redadas, se necesita una voluntad estatal férrea, campañas masivas de educación que rompan con los estereotipes en vigor. La pobreza no es solo material, es también en muchos casos una carencia de cualidades humanas, espirituales e intelectuales que hacen más difícil una política de prevención de la violencia sexual.