En la República Dominicana, cada nuevo gobierno llega con la promesa de eficiencia, pero termina engordando aún más el aparato estatal. Como un barco con más capitanes que marineros, el Estado dominicano navega con dificultad entre duplicidades, burocracia y un gasto que crece sin control.
Hoy, más de 350 instituciones públicas entre ministerios, direcciones generales, institutos, comisiones y organismos descentralizados operan simultáneamente, muchas veces sin coordinación ni propósito definido. Lo más alarmante: una parte significativa de estas entidades ejecuta funciones que se solapan entre sí.
Un ejemplo concreto: tanto el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), como el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y el Gabinete del Agua tienen líneas de trabajo que se cruzan. Cada uno realiza estudios, ejecuta obras y formula políticas hídricas. ¿No sería más lógico que una sola entidad asumiera esa competencia con mayor claridad y responsabilidad?
Esta realidad se repite en el sector agropecuario, donde el Ministerio de Agricultura, el FEDA, el IAD, el INESPRE, el Banco Agrícola y otros organismos operan como islas independientes dentro de un archipiélago desorganizado. A menudo, compiten por el mismo presupuesto y replican programas con nombres distintos.
A este fenómeno se suma la multiplicación de Gabinetes, Comisiones Presidenciales, Unidades Ejecutoras, y Consejos creados por decreto para enfrentar problemáticas que ya tienen una entidad con competencias asignadas por ley. La consecuencia es una confusión institucional que debilita la capacidad del Estado para gobernar con eficacia.
Los presupuestos de estas instituciones redundantes no son simbólicos: algunas manejan cientos de millones de pesos anuales en nómina, alquileres, vehículos, combustibles y dietas. En conjunto, podrían representar entre un 1.5% y 2% del PIB. Un peso que la ciudadanía lleva en sus hombros mientras clama por mejores servicios públicos.
Comparado con países de la región como Costa Rica o Panamá, donde el tamaño del gobierno es más racional y funcional, la estructura del Estado dominicano parece una madeja enredada de instituciones, difícil de justificar en términos de resultados.
Imaginemos un hogar con tres refrigeradores para guardar la misma comida, dos estufas para cocinar el mismo plato y cuatro televisores para ver el mismo canal. Así es, en esencia, el diseño institucional del gobierno dominicano.
¿Cuál es la solución? Una reforma estructural que simplifique y fusione organismos con funciones duplicadas. No se trata de eliminar servicios ni despedir empleados en masa, sino de reordenar inteligentemente. El ahorro estimado por esta reorganización podría superar los 40 mil millones de pesos anuales, recursos que bien podrían dirigirse a salud, educación o infraestructura.
La política debe dejar de crear instituciones como premios de consolación o plataformas de visibilidad. Necesitamos un Estado profesional, compacto, eficaz, sin duplicidades, al servicio del ciudadano y no de los intereses particulares.
Ya es hora de sincerar la estructura gubernamental. La austeridad no es solo cuestión de recortar gastos, sino de tener el tamaño correcto para gobernar con justicia y eficiencia. Porque un Estado obeso, desordenado y redundante, jamás podrá correr al ritmo que exige el desarrollo.
Compartir esta nota