Un año desde que la voz de Ruby Pérez se apagó abruptamente. Un año desde que la alegría se convirtió en silencio. Un año desde que decenas de vidas quedaron suspendidas. Ha pasado un año desde la tragedia de JetSet. Un año. Un año que no ha sido suficiente para procesar lo que pasó.

Lo ocurrido en JetSet no puede reducirse a la etiqueta de “negligencia”. No fue simplemente el típico descuido que tantas veces toleramos como parte de una cultura dominicana tradicionalmente permisiva. No fue un error más en la larga lista de “cosas que pasan” en República Dominicana. Fue algo más grave, mucho más incómodo de reconocer: un caso claro del más abyecto desprecio a la salud, integridad y vida humana ajenas.

Detrás de cada víctima hubo una cadena de decisiones que no pueden explicarse como simple torpeza. Hubo señales ignoradas, responsabilidades diluidas, advertencias que no encontraron oídos. Hubo, en esencia, una normalización peligrosa de poner en riesgo la vida de otros en nombre de la conveniencia, del ahorro o de la indiferencia. Y eso duele. Duele porque implica que no fue inevitable. Duele porque significa que pudo evitarse. Duele porque revela algo más profundo que una falla puntual: revela una cultura en la que la vida, a veces, pesa menos que el peso.

A un año de JetSet el país tiene una decisión que tomar. Podemos seguir refugiándonos en explicaciones fáciles, en el “nadie quería que eso pasara”, en el relato de la “negligencia típica”, en la resignación de que “así somos”. O podemos asumir, con la seriedad que merecen las víctimas, que lo que ocurrió fue una manifestación de algo más grave: una tolerancia estructural al riesgo ajeno, una falta de consecuencias reales, una peligrosa banalización del deber de cuidado.

Recordar JetSet es un acto de memoria, pero debe ser también un acto de responsabilidad. Es preguntarnos si hemos cambiado algo. Si hoy exigiríamos más. Si hoy toleraríamos menos. Si hoy alguien tomaría decisiones distintas. El verdadero homenaje a quienes perdieron la vida no está en las flores ni en los discursos. Está en romper con la indiferencia que hizo posible la tragedia.

Que este aniversario no sea solo un recordatorio del dolor, sino un punto de inflexión. Que no volvamos a llamar “negligencia” a lo que, en el fondo, es desprecio. Y que nunca más tengamos que escribir un texto como este.

Roger G. Pujols Rodríguez

Abogado y politólogo

Roger G. Pujols se desempeña como viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad. Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y titular de la reválida del Estado de Nueva York (New York State Bar). Concentra su práctica en contratación, sectores regulados y asuntos públicos. Cuenta con: Master en Derecho de los Negocios de la Universidad de Nueva York (LL.M. Business and Corporation Law New York University -NYU-), para la fecha ubicada entre las cinco mejores escuelas de derecho de los Estados Unidos; Master en Ciencia Política para el Desarrollo, impartido por la Universidad de Salamanca y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo; Master en Derecho Fiscal de la Universidad de Georgetown (LL.M. in Taxation-Georgetown University); Master en Derecho de la Administración del Estado, impartido por la Universidad de Salamanca y el IGlobal; Master en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Ha sido manager legal de las filiales de InterEnergy Group y abogado asociado de la firma de abogados Squire Sanders & Dempsey (hoy Squire Patton Boggs). En tal sentido, ha participado en numerosas transacciones relacionadas con sectores regulados. Es miembro del Comité de Investigaciones del Instituto OMG. Ha sido profesor de Derecho de las obligaciones, de análisis de textos jurídicos y de Derecho del mercado de valores. Es autor de los libros ‘Régimen jurídico de la concesión para explotación de obra eléctrica’ y ‘Derechos fundamentales e integración europea: sistema de fuentes, pluralismo constitucional y diálogo entre cortes’. En la actualidad trabaja en publicaciones sobre (i) la compilación de sus artículos de opinión y (ii) fiscalidad verde (tributos ambientales).

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