Uno de los argumentos más queridos por los enemigos de la democracia es que la misma es ineficiente para la resolución de problemas. Las sociedades democráticas, se dice, requieren de prolongados debates, tensas negociaciones, complejos procesos burocráticos e ingentes esfuerzos de conciliar perspectivas muy disímiles sobre un mismo problema que hacen prácticamente imposible llegar a una solución medianamente satisfactoria.
Hace unos años, Daron Acemoglu y James Robinson, premios nobel de economía, realizaron un estudio analizando más de cien países en el transcurso de seis décadas (1960-2010). Compararon naciones que realizaron la transición de regímenes no democráticos a democráticos con otros que siguieron operando bajo instituciones autoritarias. Los primeros lograron aumentar su PIB per cápita entre un 20% y un 25% en las dos décadas siguientes.
Los resultados se publicaron en un libro célebre, ¿Por qué fracasan los países? (2012). Acemoglu y Robinson afirmaron allí que, en las sociedades con instituciones inclusivas, los habitantes son más propensos a obtener una carrera profesional, a elegir un trabajo con libertad, participar en procesos deliberativos, elegir a sus autoridades, fiscalizarlas y revocarlas si no cumplen su deber.
No obstante, Acemoglu y Robinson señalan que no todo tipo de instituciones dentro de una sociedad democrática son efectivas para elevar el nivel de vida de la ciudadanía. Las instituciones deben ser inclusivas, tanto desde el punto de vista económico como político, no extractivas.
Desde el punto de vista económico, las instituciones inclusivas permiten la participación de la mayoría de los integrantes de la sociedad en las actividades que potencian sus talentos con lo que contribuyen al incremento de la prosperidad. En contraposición, las instituciones económicas extractivas son aquellas que excluyen a la mayoría de la prosperidad, porque están diseñadas para que un pequeño grupo, las élites extractivas, aprovechen el control del Estado para beneficiarse gracias al monopolio y a las restricciones económicas.
Desde el punto de vista político, las instituciones inclusivas promueven la participación ciudadana en la gestión de las instancias de poder, restringiendo la posibilidad del abuso autoritario. Por el contrario, las instituciones extractivas provocan la concentración del poder incentivando prácticas que excluyen a la ciudadanía de una participación social necesaria para corregir los errores de las autoridades.
Al mismo tiempo, las sociedades con instituciones extractivas o autoritarias son más reacias a las transformaciones del statu quo necesarias para provocar saltos cualitativos. Por el contrario, las sociedades con instituciones inclusivas o democráticas son más proclives a la integración de puntos de vista diversos que amplían la perspectiva de los problemas y propician su mejor comprensión.
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