La arquitectura es, si la asimilamos a un espacio físico, el lugar donde el capital, la necesidad social, la técnica y la política se ven obligados a sentarse en una misma mesa. El asunto está en que no siempre ocupan sillas del mismo tamaño.
Manuel Castells explicó que buena parte de los conflictos urbanos se vinculan con cuestiones como el acceso a los bienes de consumo colectivo: vivienda, transporte, escuelas, hospitales, saneamiento y espacios públicos. Dicho en el idioma de nuestro think tank de WhatsApp: «La desigualdad no solamente se cobra en salarios; también se cobra en metros cuadrados, horas de desplazamiento, calor acumulado bajo una cubierta de zinc y distancia respecto del hospital más cercano».
Una vivienda no es digna únicamente porque tenga cuatro paredes, cerradura y escritura de propiedad. También —y, mejor dicho, de manera preponderante— debe garantizar estabilidad, seguridad, salubridad, accesibilidad y eficiencia energética. Urbanísticamente, debe estar conectada con el lugar de empleo, los medios de transporte, los servicios de salud y educación, así como con el comercio y los espacios de convivencia.
¿De qué sirve entregar una vivienda «económica» en una periferia sin transporte público si sus ocupantes deben emplear tres horas diarias en traslados y una parte considerable de su salario para llegar al trabajo? ¿Es barata o simplemente hemos trasladado su coste desde el promotor hacia la familia?
En la República Dominicana conocemos bien la ciudad construida después de la ciudad: barrios consolidados antes de disponer de saneamiento, sectores ocupados antes de definir sus calles y viviendas ampliadas sin asistencia técnica. No debemos criminalizar esta producción informal, pues frecuentemente ha sido la única respuesta ante la insuficiencia del mercado y de las políticas públicas. Pero tampoco debemos romantizarla o, al menos, debemos dejar de normalizarla: la precariedad puede producir solidaridad comunitaria, pero sigue siendo precariedad.
De nuestras lecturas queremos rescatar algunas ideas de Jane Jacobs, quien advirtió que la vitalidad urbana no surge de grandes operaciones aisladas, sino de la diversidad de usos, la densidad equilibrada y la presencia continua de personas en las calles. Los llamados «ojos en la calle» expresan cómo la convivencia también depende, y mucho, de la vecindad. Desde esta perspectiva, no basta con construir viviendas: hay que producir ciudad.
También del pensamiento de David Harvey podemos rescatar la idea de que el derecho a la ciudad implica la capacidad colectiva de transformarla. Pero, ojo, la urbanización puede generar plusvalías privadas mientras sus costes sociales y ambientales son asumidos por todos.
Se privatizan los beneficios, pero se socializan las infraestructuras, la congestión y los desplazamientos.
Pensando en Castells, nos plantearíamos: ¿quién accede a los servicios? Con Jacobs razonamos y nos preguntamos: ¿qué condiciones permiten que un barrio tenga vida? A partir de Harvey surge otra cuestión: ¿quién se apropia de las plusvalías? Y nosotros deberíamos preguntarnos: ¿quién paga realmente la ciudad y quién termina disfrutándola o sufriéndola?
Quizás ahí reside la verdadera arquitectura: en construir mecanismos espaciales, económicos y jurídicos capaces de compatibilizar capital y justicia social. Porque una sociedad que produce edificios, pero no ciudad; propiedades, pero no acceso; y crecimiento, pero no cohesión podrá presumir de muchos metros cuadrados construidos, aunque difícilmente podrá llamarlos progreso.
El autor no es urbanista.
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