Desde que empecé a escuchar a reconocidos juristas decir cada vez con más frecuencia, que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia -SCJ- debía ser Fernando Langa, me pregunté: ¿quién es este abogado para recibir semejante respaldo y promoción? Pero no como una pregunta retórica, sino preocupado por mi conocimiento ante la sorpresa de ese nombre. Y es que, conozco de la hoja de vida del señor Langa solo a partir de lo que vienen diciendo, escribiendo y repitiendo desde hace aproximadamente dos meses los referidos juristas en nuestros medios de comunicación, debo precisar, cual si anunciasen el retorno del mesías con el aventador en la mano para separar el trigo de la paja.
En algo más que en los últimos 20 años, además de ser intensamente abogado, me he dedicado a la investigación y estudio de la historia del derecho y la abogacía en la República Dominicana. Por eso mi sorpresa y también preocupación, al nunca haber considerado, ni siquiera remotamente, que dicho abogado podría aspirar con posibilidades reales para ese cargo.
Hasta recientemente, solo sabía de la existencia de un abogado de apellido Langa -pues ni siquiera su nombre de pila-, y esto porque en mis días de estudiante de licenciatura, quien fue mi mejor amiga en la universidad -la hoy distinguida civilista Laura Ilán Guzmán- trabajó unos meses de paralegal en un bufete denominado Langa & Abinader.
Pero ya Fernando Langa no es un desconocido para mí. Es un abogado único en la historia dominicana, y más particularmente en la historia de las postulaciones ante el Consejo Nacional de la Magistratura, pues el aspirante que para un cargo de juez en la República Dominicano ha recibido la mayor ola de respaldo publicitario, llegando a articularse todo un movimiento promocional en su nombre, al que he denominado Pro-Langa, y a sus ideas prolanguismo. Pero aún así no deja de sorprenderme lo que está sucediendo en torno a este aspirante a juez supremo.
No es que su potencial designación como presidente de la SCJ no tenga una explicación, lo que no han podido identificar los prolanguistas es alguna justificación desde el plano de las credenciales requeridas institucionalmente, en la historia dominicana, para legitimar a un profesional del derecho como merecedor de ese más alto puesto de la Justicia dominicana.
Particularmente me sorprende la cualificación del señor Fernando Langa para dicho cargo, pues como abogado nunca tuve la coincidencia de identificarlo a propósito de mis andanzas de casi medio siglo por los once departamentos judiciales del país, o a propósito de algún caso en común -propio o de los cientos en que he participado como asociado de otros colegas y oficinas de abogados-. Tampoco recuerdo haber identificado su nombre ojeando el rol de audiencia de algún día de mis más de mil días ejerciendo el arduo oficio de pedir justicia en los tribunales nacionales. Y si esto puede parecer poca cosa, agrego que tampoco me tocó leer o escuchar su nombre durante el tiempo que ejercí el ministerio de alguacil -tres años-, ni durante mi calidad histórica de servidor público y luego asesor de diversas instituciones del Estado dominicano.
Sorprende aún más su defendida postulación porque no habiendo sido nunca juez, y tampoco un funcionario público que pueda exhibir alguna labor meritoria desde el servicio público, Fernando Langa tampoco es un jurista, como sí lo han sido todos los antiguos presidentes de la SCJ. Y no es un jurista, pues, como explica el reconocido Juan Fco. Puello Herrera, jurista “[e]s quien estudia el Derecho a fondo, investiga, razona, interpreta y aporta”, quien toma la jurisprudencia y la doctrina y “las examina, las cuestiona y hace avanzar la ciencia jurídica. A ello agrega experiencia, prudencia intelectual y una trayectoria que sostiene lo que su nombre representa.”[1]
De Fernando Langa nunca he visto ni me he enterado de algún articulito, trabajo de investigación, conferencia o al menos de algún pronunciamiento público -relevante o no- sobre algún tema en derecho, sociología, y ni siquiera en política. Y en eso también se distinguiría de todos los que históricamente han presidido nuestra SCJ, y la de cualquier otro país que se identifique como Estado de Derecho.
Fernando Langa tampoco debería ser considerado un intelectual, o al menos uno responsable que justifique el nombramiento que pretenden los prolanguistas, pues como lo explicaría Karl Popper, los intelectuales tienen la responsabilidad muy especial de exponer los resultados de sus estudios, o como diría Fichte, el conocimiento del sabio no es patrimonio privado, está destinado a la sociedad a fin de elevar el nivel de cultura de los demás. Y como dije, en la hoy hiperconocida hoja de vida del señor Langa no se advierte nada de esto.
Antes de investigar sobre Langa más allá del discurso de sus promotores, confieso que pensaba que quizás habría un vacío mayor al que imaginaba en mi acervo sobre literatura jurídica y abogacía dominicanas, pero descarté esa posibilidad cuando escuché al incuestionable jurista e historiador, don Milton Ray Guevara, decir las siguientes palabras en una entrevista en el programa Hoy Mismo, del canal 9:
“Yo no conocía a Langa, a Fernando Langa, lo había escuchado mencionar, después que lo he tratado, porque estamos juntos en el voleibol, después que yo lo he tratado y he visto su manera de ser, la capacidad de diálogo, de búsqueda de solución que tiene, digo ese gerente es necesario ahí.”
Sobre ese comentario de don Milton no creo necesario agregar una coma para hacer más comprensible su trascendental mensaje.
Otro destacado jurista dominicano, el Lic. Olivo Rodríguez Huertas, al validar la postulación del señor Fernando Langa a la SCJ, indicó lo siguiente:
“ha jugado papeles muy importantes de asesoría y asistencia a la iglesia católica, tiene una trayectoria, insisto, profesional y personal que yo creo que sería un excelente presidente de la SCJ, y parecido al hoy presidente de la SCJ, Luis Henri Molina, tiene grandes dotes de organizador (…)”
Lo que he retenido como dato importante en los comentarios de los citados juristas sobre el señor Langa, es que si no había conocido del señor Langa es porque no hay razones de orden académico ni profesional para que yo pudiese haberlo conocido.
En resumen, sobre esas ideas del prolanguismo, y reconociendo que no me ha sido posible comprender eso de los “grandes dotes de organizador”, me limitaré a decir lo que considero más que suficiente, y siempre con el mayor respeto a don Milton y al amigo Olivo: esa defensa tiene que revisarse, pero recordando que: “tanto le arregló el diablo el ojo al hijo, que lo dejó tuerto”, y es que, como dijera Melitón en el cuento de Juan Rulfo: “no se puede contra lo que no se puede.” En el mejor dominicano contemporáneo posible: no hay que forzar la jugada; total, si Langa es el elegido, elegido será.
Pero supongamos que las credenciales no son ya el punto en cuestión y admitamos que se trata de una decisión política legítima en su origen. Aun así, queda un segundo problema, distinto y quizás más grave: el de las formas. ¿Por qué no elegir a alguien que al menos permita mantener, ya en el ejercicio del cargo, esa apariencia de legitimidad que el propio Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial exige a todo juez?
En ese sentido, me parece inteligente hacer mías las correctísimas ideas de otro no menos destacado y exitoso jurista dominicano de fácil reconocimiento, el Lic. Luis Miguel Pereyra, al decir en el podcast @ElMatutinoAlternativo, a propósito de la urdimbre mediática sobre la eventual nueva conformación de la SCJ, lo siguiente:
“sabemos que esa es una decisión política, sabemos que el presidente tiene la mayoría y que lo que se decida ahí no podemos pretender que venga apegado a una racionalidad, sin embargo yo creo que para preservar las apariencias y mantener también una imagen digamos que de separación formal de los poderes, sería bueno siempre que se explique cómo es que se elige o se decide no ratificar a un candidato…”
De la sabiduría y el pragmatismo del Lic. Pereyra, asimilo que la eventual designación del señor Langa respondería al decisionismo político, nada sorprendente.
Pero hay algo más relevante: en este caso específico se estaría prefiriendo ir más allá de donde aconseja la prudencia política, al ni siquiera guardar las formas que generarían una apariencia de legitimidad en el nombramiento. Esto podría producir consecuencias muy perjudiciales para la institucionalidad del Poder Judicial, acelerando de forma letal el malestar en los jueces de carrera, quienes ante esa decisión -sumada a otras anteriores, pero recientes, del Consejo Nacional de la Magistratura- terminarían por aceptar que sus trayectorias y méritos solo valen en la medida en que el poder político de los gobernantes de turno lo decide. Y después de ahí, que como justiciables Dios nos agarre confesados.
Todo porque al elegir a Langa, pasó desapercibido el detallito de que, al parecer, ni siquiera los prolanguistas, encabezados por nuestro principal jurista, Eduardo Jorge Prats, saben lo suficiente sobre Fernando Langa como para sustentar racionalmente que merece tan alto nombramiento y así explicar y defender mediáticamente su postulación.
En fin, como al que nace para carpintero, del cielo le caen los clavos, ojalá que, de producirse su anunciada designación, y a pesar de todo lo que pueda implicar institucionalmente, al menos el señor Langa aprenda, más pronto que tarde, a ser un buen juez supremo.
[1] Puello Herrera, Juan Fco., “Jurista por decreto”, en Listín Diario, 9 de octubre 2026; en línea: https://listindiario.com/puntos-de-vista/20261009/jurista-decreto_925410.html
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