Javier Cremades es un destacado jurista e intelectual, distinguido con el premio al “Español Universal” en 2024 y dado a conocer en la República Dominicana por haber sido el artífice del, para muchos, hecho político del año, cuando animó, en el marco del Congreso Internacional de la Ley, el icónico abrazo entre los presidentes Luis Abinader (en ejercicio) y Leonel Fernández. Es este mismo doctor Cremades el autor del ensayo Sobre el imperio de la ley, recientemente publicado por Galaxia Gutenberg, a mi juicio de lectura imprescindible para entender y actuar en los tiempos que corren, impregnados por una suerte de banalización legal cuyo uno de sus principales exponentes ha sido José Mujica.

Mujica, quien fuera integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros-organización armada que, bajo la denominación contemporánea, encuadra en la categoría de grupo terrorista; preso político durante más de doce años en los setenta y ochenta; más tarde, en los noventa, representante nacional; ministro de Estado durante el primer gobierno del Frente Amplio; finalmente presidente de la República Oriental del Uruguay entre 2010 y 2015, y recientemente fallecido, se convirtió en una suerte de ícono pop de la nueva Izquierda global, dejando un amplio repertorio de frases polémicas como aquella pronunciada en el marco de tensiones internas del Mercosur y luego elevada a la categoría de principio rector de su filosofía política y de su estrategia de gobierno: “lo político está por encima de lo jurídico”.

Este principio, que sitúa a los espacios de negociación política por encima del imperio de la ley, introduce una grieta peligrosa en la arquitectura misma del Estado de derecho. Allí donde la norma deja de ser límite y se convierte en variable subordinada, el sistema jurídico pierde la función esencial de proteger a la sociedad de la arbitrariedad del poder, sin importar el signo político o ideológico de quien lo ostente.

La verdadera libertad no reside en la capacidad de eludir la norma, sino en la certeza de que la ley gobierna a todos por igual. Solo allí donde el imperio de la ley prevalece sobre la fuerza y sobre la tentación de la política sin límite es posible construir un futuro predecible, justo y verdaderamente humano.

La tentación de subordinar las normas jurídicas a la conveniencia política parece ser un signo de nuestra época posmoderna, caracterizada por la impaciencia frente a los procedimientos, la alergia a los límites y la creencia de que la legitimidad electoral, por sí sola, autoriza a forzar o reinterpretar las reglas del juego a piacere. En este clima de redefinición cultural, la Ley se observa más como obstáculo que como condición sine qua non para la sostenibilidad de la democracia misma.

Es en este contexto donde adquiere particular relevancia la reciente obra de Javier Cremades y que da origen a este artículo. Su defensa del imperio de la ley no es un ejercicio de formalismo jurídico, menos aún una nostalgia por constituciones inertes o dogmatismos legales. Es, más bien, una intervención intelectual destinada a recordar una verdad elemental que las sociedades contemporáneas parecen empeñadas en olvidar o relegar. Sin reglas comunes, estables y vinculantes para todos, la política degenera inevitablemente en una disputa de fuerzas desiguales, donde el débil siempre queda expuesto frente al más fuerte.

Cremades advierte que el Estado de derecho no suele caer por asalto, sino por desgaste. Se vacía desde dentro, conservando las formas mientras se destruye el fondo, hasta que la Ley sigue existiendo solo como parte del decorado de una escenografía conveniente.

Uno de los aportes más lúcidos de su pensamiento, expuesto en este trabajo, consiste en mostrar que la erosión del Estado de derecho comienza cuando la política se concibe a sí misma como poder sin contención. El discurso que desacredita a los jueces, que ridiculiza los procedimientos y que presenta a la Constitución como un texto moldeable según la coyuntura, prepara el terreno para una democracia sin frenos, sujeta al arbitrio de líderes mesiánicos que se perciben como ungidos por la providencia, la historia o la ideología para ejercer el poder desde una única perspectiva válida. En ese punto, la voluntad política se confunde con el poder constituyente permanente y la excepción deja de ser regla para convertirse en método. Lo que se gana en inmediatez se pierde en legitimidad, en confianza social y en sostenibilidad democrática.

Cremades insiste, además, en que el derecho no puede sobrevivir sin una cultura cívica que lo respalde. Las instituciones no se sostienen solo por diseño, sino por convicción. Cuando la sociedad acepta con indulgencia que las reglas se incumplan “por una buena causa”, lo que se erosiona no es una norma aislada, sino la igualdad ante la ley. Allí reaparece el privilegio, aun cuando se disfrace de justicia social, eficacia gubernamental o sensibilidad política. El resultado es una ciudadanía fragmentada, donde la ley deja de ser un marco común y se convierte en arma de facción.

Otro eje central de la obra de Cremades es la defensa de la independencia judicial como pilar irrenunciable del orden democrático. No porque los jueces sean infalibles, sino porque encarnan el último límite frente a la concentración del poder. Desacreditarlos sistemáticamente, condicionar sus nombramientos o someterlos a presión política equivale a desmontar el sistema de garantías sin necesidad de derogar una sola ley. La batalla por el Estado de derecho es también una batalla por el lenguaje público, dado que cuando se normaliza hablar de “jueces enemigos” (o amigos), la arbitrariedad deja de ser un riesgo y pasa a ser una expectativa.

Vivimos tiempos de incertidumbre líquida, donde la tentación de los atajos se presenta a menudo disfrazada de “voluntad política”. Resuena en Occidente y en Latinoamérica en particular la filosofía de Mujica respecto de que lo político debe primar sobre lo jurídico, una idea que, aunque pragmática en apariencia, erosiona peligrosamente los cimientos de la convivencia. Frente a ello, conviene volver la mirada a la celda de Atenas y al pensamiento contemporáneo de juristas como Cremades.

Cuando Sócrates rechazó la fuga que le ofrecía Critón sobornando a sus carceleros, no lo hizo por terquedad ni por sumisión ciega, sino por una convicción pedagógica profunda respecto a que la ley no fuera un instrumento utilitario, sino la esencia que nos constituye como ciudadanos. Cremades actualiza esa misma intuición y califica como suicidio institucional a las prácticas que permiten que la coyuntura política anule la norma. Actuar como Critón, buscando la salida fácil y conveniente, puede resolver el problema de un día, pero destruye la confianza de una generación.

La verdadera libertad no reside en la capacidad de eludir la norma, sino en la certeza de que la ley gobierna a todos por igual. Solo allí donde el imperio de la ley prevalece sobre la fuerza y sobre la tentación de la política sin límite es posible construir un futuro predecible, justo y verdaderamente humano.

Enrique Darwin Caraballo

Licenciado en Ciencias Políticas, maestrías en Negocios y Administración, Innovación y Emprendimiento, diplomado en investigación social, machine learning, relaciones públicas y planificación de políticas públicas. Miembro del Consejo de Directores de UNICARIBE. Director Ejecutivo de EDUCA República Dominicana 2012-2025; Desde 2015 secretario del GPCN, una Usina de Pensamiento que reúne a los principales lideres empresariales de la República Dominicana. Desde 2020, miembro del Gabinete Presidencial de Educación. Desde 2024 Advisor Officer en Tavares Group. Entre 2004 y 2012 fungió como consultor senior y funcionario de organismos multilaterales y, organizaciones de los sectores público y privado de 17 países Latinoamericanos. Ha contribuido al Desarrollo a través del diseño, la coordinación y la gestión de múltiple políticas públicas y programas. Experiencia en la definición de marcos normativos, en gerencia pública y privada, en la evaluación de políticas, financiamiento y gestión y administración de carteras de crédito multilateral.

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