Hace poco fui invitado a un programa televisivo donde se ventilaba el caso de un sonado crimen cuyo perpetrador había observado el castigo estipulado por la ley. Siempre que asisto a estos paneles televisivos se espera que eche manos de diagnósticos silvestres para complacer la audiencia. No hacerlo defrauda a los productores, pero hacerlo no es ético. Nadie debería dar certidumbres sobre determinados síndromes sin la necesaria evaluación del sujeto.
Uno de los moderadores abría juicio externando su inconformidad por la laxitud de la sentencia cumplida. Por otro lado, una autoproclamada psiquiatra forense, gritaba sus supuestos estudios en ese campo de especialización, mientras un pastor clamaba por el perdón divino.
En escenario tal, el sentido común, las imprecisiones y la judicialización mediática campean por sus fueros, y es difícil esgrimir algún criterio apegado a la ciencia y a los principios de la ética del psicólogo que establece, entre otras cosas, discrecionalidad en el manejo de etiquetas diagnósticas.
Los profesionales quienes realizaron el peritaje forense en el referido caso, plantearon su incuestionable (sic) diagnosis. El prestigio de los psicólogos: Huberto Bogaert y Carlos de los Ángeles, este último también psiquiatra, convirtió en inapelables los resultados de su experticia.
Para quien no cuente, como contaban ellos, con anamnesis psicoclínica(todo psicólogo forense debe ser, por fuerza, psicopatólogo), con entrevistas especializadas, aplicación e interpretación de batería de test, no puede, éticamente, especular sobre el posible síndrome. Empero, podemos revisar signos a la luz de cierta semiosis. Sí, un diagnóstico pudiera releerse.
Una cuestión crucial es la condición dinámica del sujeto. Cuando un profesional de la salud se aferra a una apreciación inamovible, se olvida de la sustitución sintomatológica que ocurre debido a que el sujeto sigue actuando en un ecosistema social y relacional en movimiento, lo que podría modificar, agravar o atenuar sintomatologías.
En el estricto campo de la psicopatología, debemos permitir solo la voz de los peritos en los contextos y límites pertinentes.
En una mesa de supervisión compartida no se trata de quién sabe más (falacia ad verecundiam), sino de la temporalidad, contexto y validación del pensamiento y la conducta, lo cual está siempre sujeto a revisión.
En un sistema penitenciario sin estrategias de reinserción y seguimiento profiláctico del progreso y conducta de un interno, en un ambiente donde no hay remisión (mejoría), sino recidiva (agravamiento de síntomas), siempre volvemos a la revisión del síndrome y, para ello, es mejor asumir una aproximación en vez de la presunción de una verdad cerrada.
Pero todo empeora cuando la calificación profesional va de una mano a otra, como si se tratara de una partida de naipes. Mientras menos formación clínica tiene el lego, mayor prestidigitación realiza. Peligrosamente, la palabra técnica se ha trivializado, y la opinión pública sustituye la mirada especialista. Todo se torna cajón de sastre.
El intrusismo en psicología es una práctica avalada por el propio Ministerio de Salud, quien otorga execuátur de clínico a psicólogos generales acreditados en una anacrónica práctica de las universidades, que otorgan “menciones” contraviniendo la ley de colegiatura. Un psicólogo general en práctica clínica esta legitimado pero es ilegal.
En cuanto al síndrome de Werther, se ha estudiado el aumento en los índices de suicidio cuando estos son festinados mediáticamente. Incluso, los atentados se ritualizan imitando recursos parecidos a los que se divulgaron por los medios. Algunos países han legislado para atenuar la pornografía fatal, la exposición morbosa del dolor ajeno.
Basados en tal síndrome y sus repercusiones sociales, se ha estudiado también la hipótesis de que otras formas de crimen, al ser expuestos deportivamente, y sus perpetradores exhibidos como héroes, impulsan un aprendizaje vicario y se convierten en motivación al delito y movilizadores de conductas antisociales.
Todo lo que se ha generado alrededor de este espantoso caso, vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la incongruencia entre la magnitud del crimen y la aplicación de la pena. Pero eso es materia de jurisprudencia. En el estricto campo de la psicopatología, debemos permitir solo la voz de los peritos en los contextos y límites pertinentes.
En el ámbito de los psicólogos , psiquiatras y trabajadores sociales(social workers), urge una profunda y sosegada revisión normativa de sus prácticas, el abandono de la usurpación y traslape de títulos y funciones. Pongamos fin a las distorsiones heredadas del trujillismo de doctores sin posgrados.
El Ministerio de Salud que fue tan ágil con la señora Silverio, se esta mordiendo su propia cola ante la proliferación de expertos en salud mental con “certificados” de supermercado.
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