En la República Dominicana, el servicio público constituye el eje central de la organización estatal y el instrumento a través del cual se materializan los derechos ciudadanos y las políticas públicas. Los servidores públicos, en teoría, son los encargados de velar por la eficiencia y la transparencia en la gestión de los recursos, así como por la implementación de programas que respondan al bienestar general.
Sin embargo, el panorama dominicano refleja una dualidad: por un lado, un marco legal y administrativo que apuesta a la modernización del Estado, y por otro, la persistencia de prácticas clientelistas que debilitan la institucionalidad y limitan los avances hacia una gestión eficiente.
Avances en la gestión pública y marco legal
En las últimas décadas, el país ha impulsado reformas significativas en materia de administración pública. Entre las más relevantes destacan:
- Ley 41-08 de Función Pública, que regula la carrera administrativa, busca garantizar estabilidad laboral y promueve la profesionalización del servidor público.
- Ley 247-12 de Administración Pública, que organiza la estructura del Estado, define competencias institucionales y promueve la eficiencia.
- Ley 18-24, que crea la Cámara de Cuentas, órgano superior de control fiscal responsable de auditar y fiscalizar el uso de los fondos públicos.
Asimismo, se ha fortalecido el Sistema de Administración Financiera del Estado (SIAFE), que integra presupuesto, tesorería, contabilidad y crédito público, permitiendo un manejo más transparente y digitalizado de los recursos. Estas medidas representan avances significativos hacia la modernización de la gestión estatal y la transparencia administrativa.
Los esfuerzos de modernización han estado vinculados a tres ejes principales:
1 Digitalización y simplificación de procesos: implementación de plataformas electrónicas que facilitan trámites y reducen la discrecionalidad administrativa.
- Gestión por resultados: incorporación de indicadores de desempeño y mecanismos de evaluación de políticas públicas.
- Capacitación y profesionalización: programas de formación continua dirigidos a elevar la calidad técnica de los servidores.
El peso del aparato estatal: nómina y cantidad de servidores públicos
La magnitud del sector público dominicano refleja la importancia del tema. Según el Ministerio de Administración Pública (MAP, 2024), la nómina pública dominicana sobrepasa los 670,000 servidores públicos, distribuidos en instituciones del Gobierno central, descentralizadas y autónomas.
En términos financieros, de acuerdo con el Presupuesto General del Estado 2024 y datos de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), la nómina pública representa aproximadamente un 25 % del gasto total del Gobierno Central, con un monto cercano a los RD$ 315,000 millones destinados a remuneraciones. Este nivel de gasto evidencia la centralidad del empleo público en la estructura estatal, pero también plantea interrogantes sobre su eficiencia, productividad y sostenibilidad fiscal.
La contradicción: reformas vs. clientelismo
A pesar de los avances normativos e institucionales, la administración pública dominicana se enfrenta a una contradicción estructural: la coexistencia de un marco que promueve la profesionalización con una cultura política basada en el clientelismo. Este fenómeno se traduce en:
- Ineficiencia administrativa, al ocupar cargos por lealtades partidarias en lugar de criterios meritocráticos.
- Alta rotación de personal, ya que cada cambio de gobierno implica la sustitución masiva de funcionarios, debilitando la continuidad institucional.
- Corrupción y discrecionalidad, que limitan el impacto de las herramientas de control como la Cámara de Cuentas y el SIAFE.
Este contraste explica en parte por qué, a pesar de contar con leyes modernas, la República Dominicana mantiene indicadores preocupantes en materia de gobernanza. En 2023, el país obtuvo 35 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, ubicándose entre los más rezagados de América Latina en materia de transparencia, situándose en el puesto 123 de 180 países.
Desafío pendiente
El servicio público dominicano ha experimentado un proceso de modernización a nivel legal e institucional. Sin embargo, esos avances encuentran un freno en la práctica cotidiana del clientelismo, que erosiona la eficiencia y la credibilidad del aparato estatal.
El reto consiste en convertir las normas en resultados concretos, asegurando que la estabilidad laboral, la carrera administrativa y los sistemas de control financiero funcionen al margen de presiones políticas. En la medida en que el mérito, la transparencia y la rendición de cuentas se impongan sobre la lógica del reparto político, la gestión pública dominicana podrá dar el salto definitivo hacia un modelo eficiente y orientado al ciudadano.
La ciudadanía reclama un Estado moderno y funcional. Superar el clientelismo no es solo un desafío político, sino una condición indispensable para consolidar una democracia efectiva y un desarrollo sostenible.
Mientras esta brecha persista, la modernización de la administración pública seguirá siendo un ideal incompleto, incapaz de responder plenamente a las demandas de la sociedad dominicana.
Fuentes
- Ministerio de Administración Pública (MAP). (2024). Informe anual de gestión y estadísticas de la administración pública.
- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). (2024). Ejecución presupuestaria del Gobierno Central.
- Transparencia Internacional. (2023). Índice de Percepción de la Corrupción.
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