Durante décadas, el Caribe fue percibido principalmente como una región turística y de tránsito comercial. Sin embargo, el mapa geoeconómico del hemisferio occidental está comenzando a cambiar de manera acelerada. Nuevos descubrimientos energéticos, transformaciones en el mercado global del petróleo y del gas y reajustes en la política energética internacional están configurando un nuevo escenario en el cual el Caribe puede volver a adquirir relevancia estratégica. En ese contexto, República Dominicana tiene ante sí una oportunidad histórica.

El detonante de este cambio ha sido el extraordinario auge petrolero de Guyana, donde descubrimientos recientes liderados por ExxonMobil han convertido a ese país en una de las nuevas potencias energéticas emergentes del mundo. A esto se suma la posibilidad de una gradual reintegración energética de Venezuela al mercado internacional, a medida que evolucionan las dinámicas geopolíticas y las sanciones. Y, en paralelo, la transición hacia combustibles más limpios está impulsando el crecimiento del mercado regional del gas natural.

Este nuevo triángulo energético —el petróleo emergente de Guyana, las enormes reservas venezolanas y la infraestructura energética del golfo de México/América— coloca al Caribe en una posición renovada dentro de los flujos energéticos globales. Y dentro de ese espacio geográfico, la República Dominicana ocupa una ubicación singularmente estratégica.

Nuestro país no necesita producir petróleo para beneficiarse de esta transformación. La historia económica demuestra que muchos de los principales hubs energéticos del mundo no son productores, sino plataformas logísticas y financieras. Róterdam, en Europa, o Singapur, en Asia, han construido su relevancia global precisamente a partir de su capacidad para almacenar, procesar, financiar y redistribuir energía.

La República Dominicana posee varias de las condiciones necesarias para aspirar a un rol similar a escala caribeña. En primer lugar, cuenta con una localización geográfica privilegiada en el centro de las principales rutas marítimas del hemisferio. En segundo lugar, ha logrado consolidar un clima de estabilidad política y seguridad jurídica que resulta especialmente valioso en una región marcada por volatilidades institucionales. Y, en tercer lugar, ha venido desarrollando infraestructura logística y energética de importancia regional. Instalaciones como el puerto de Caucedo, el puerto de Haina, así como la terminal de gas natural AES Andrés, constituyen piezas de una infraestructura que podría evolucionar hacia un verdadero ecosistema energético y logístico. A ello se suman proyectos en desarrollo en zonas como Manzanillo (Energía 2000 —puesta ya en operación— y las plantas Manzanillo 1 y 2), que pueden fortalecer la capacidad portuaria y energética del país.

El desafío, por supuesto, consiste en transformar estas ventajas en una estrategia nacional coherente. Esto implicaría, entre otras cosas, ampliar la capacidad de almacenamiento de combustibles, desarrollar servicios regionales de distribución y bunkering para el transporte marítimo, consolidar el país como centro de redistribución de gas natural para el Caribe y Centroamérica, y fortalecer el marco jurídico para servicios corporativos y financieros vinculados al comercio energético.

Nada de esto ocurrirá de manera automática. Otros países de la región también aspiran a ocupar ese espacio. Panamá, Trinidad y Tobago y Puerto Rico compiten por convertirse en nodos energéticos regionales. La ventaja dominicana, sin embargo, radica en su combinación poco frecuente de ubicación geográfica, estabilidad institucional y dinamismo económico.

En última instancia, lo que está en juego no es simplemente una oportunidad sectorial, sino una posibilidad de reposicionamiento estratégico del país dentro de la economía del hemisferio. Si el Caribe vuelve a convertirse en un corredor energético relevante, los países capaces de ofrecer logística confiable, infraestructura moderna y seguridad jurídica serán los que capturen la mayor parte del valor. La historia económica muestra que las naciones que logran anticipar estos cambios estructurales suelen dar saltos cualitativos en su desarrollo. La República Dominicana tiene hoy la oportunidad de hacerlo. Aprovecharla dependerá, en gran medida, de nuestra capacidad colectiva para pensar el futuro del país en términos estratégicos y de largo plazo.

Roger G. Pujols Rodríguez

Abogado y politólogo

Roger G. Pujols se desempeña como viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad. Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y titular de la reválida del Estado de Nueva York (New York State Bar). Concentra su práctica en contratación, sectores regulados y asuntos públicos. Cuenta con: Master en Derecho de los Negocios de la Universidad de Nueva York (LL.M. Business and Corporation Law New York University -NYU-), para la fecha ubicada entre las cinco mejores escuelas de derecho de los Estados Unidos; Master en Ciencia Política para el Desarrollo, impartido por la Universidad de Salamanca y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo; Master en Derecho Fiscal de la Universidad de Georgetown (LL.M. in Taxation-Georgetown University); Master en Derecho de la Administración del Estado, impartido por la Universidad de Salamanca y el IGlobal; Master en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Ha sido manager legal de las filiales de InterEnergy Group y abogado asociado de la firma de abogados Squire Sanders & Dempsey (hoy Squire Patton Boggs). En tal sentido, ha participado en numerosas transacciones relacionadas con sectores regulados. Es miembro del Comité de Investigaciones del Instituto OMG. Ha sido profesor de Derecho de las obligaciones, de análisis de textos jurídicos y de Derecho del mercado de valores. Es autor de los libros ‘Régimen jurídico de la concesión para explotación de obra eléctrica’ y ‘Derechos fundamentales e integración europea: sistema de fuentes, pluralismo constitucional y diálogo entre cortes’. En la actualidad trabaja en publicaciones sobre (i) la compilación de sus artículos de opinión y (ii) fiscalidad verde (tributos ambientales).

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